Sí, habría que hacer unos test rápidos para calibrar la salud mental del personal y adoptar el aislamiento correspondiente de los positivos. Pero no les voy a desarrollar el tema por la saturación y alarma que crearía en el sistema, y por la notoriedad de los afectados. Quiero ahora referirme a los episodios reiteradamente protagonizados por un enfermo mental en el centro de la ciudad estos días pasados, arrojando enseres y documentos a la vía pública desde una sede administrativa un domingo por la noche, o increpando a familias y alumnos a la entrada de un colegio. Un rosario de detenciones policiales y puestas en libertad que ponen de manifiesto una de las graves carencias de nuestro sistema público sanitario y asistencial. Secuencias que se repiten de forma recurrente en cualquier rincón de nuestra geografía.
Los límites entre la salud y la enfermedad mental no siempre son claros y nítidos, y los criterios para determinar si una persona está sana o enferma han ido variando con el tiempo, los enfoques teóricos y el desarrollo de la ciencia. Los trastornos mentales son una alteración de tipo emocional, cognitivo o del comportamiento en la que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la conciencia, la conducta, la percepción y el aprendizaje, que dificulta la adaptación de la persona a su entorno. Es un tema complejo, que abarca aspectos jurídicos y legales, médicos y sanitarios, sociales y asistenciales y en el que, además, debemos derribar prejuicios ancestrales y estereotipos que lastran una correcta percepción de esta enfermedad y su acertado tratamiento.
En mi vida profesional he tenido que acompañar a familiares y pacientes en situaciones extremas de abandono y de impotencia ante las lagunas legales o la negativa de un facultativo a interesar un ingreso involuntario frente a quien no quiere seguir su tratamiento ambulatorio. Personas enfermas que, en brotes agudos de sus patologías, se hacen daño a sí mismas y al entorno donde conviven, que exigen una rapidez de respuesta y una coordinación médico-social-legal y unos recursos materiales que no existen ni son prioritarios para los poderes públicos.
La respuesta no puede ser aislar al enfermo en un sistema de manicomios, ni tampoco mantenerlo sedado bajo una intervención puramente farmacológica, sino procurar su adecuado tratamiento que lleve a la rehabilitación y reinserción. La Ley General de Sanidad recoge los mimbres de una respuesta que exige una concreción en la atención domiciliaria y los necesarios recursos asistenciales a nivel ambulatorio. Los equipos de salud mental se han visto saturados por padecimientos menores y el abandono del enfermo mental grave que no tiene conciencia de su gravedad o voluntad sobre la misma. La Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba hace tiempo que viene reivindicando la dotación de equipos de salud mental comunitarios, con dispositivos de atención domiciliaria, tratamientos asertivos, seguimientos individualizados, unidades de crisis que permitan abordar la dura realidad del enfermo que no presenta adherencia al tratamiento con las graves consecuencias de todo tipo que ello conlleva. Entidades como Feafes, Faisem, Fundación Cordobesa de Tutela, Foro Andaluz del Bienestar Mental, Asaenec y otras asociaciones locales, vienen desarrollando un trabajo ímprobo y levantando una voz que merece ser escuchada. Aún en los tiempos que corren, debemos hoy dar prioridad a esta necesidad para que mañana no sean irreversibles las consecuencias de actos parecidos.
