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Editorial

El rompecabezas de las zonas inundables

 

22/09/2019

Hay problemas que, si no se abordan de inmediato, engordan como una bola de nieve al rodar y llega un momento en el que parecen irresolubles. El de las parcelaciones irregulares o claramente ilegales en Córdoba es un ejemplo casi de manual. Durante más de tres décadas nuestra capital --como otras localidades andaluzas-- ha oscilado entre un mirar para otro lado y unos tímidos intentos de atajar su proliferación, para desembocar, en los últimos años, en una voluntad más firme de impedir las nuevas construcciones e intentar, desde el Ayuntamiento y con las sucesivas normativas emanadas de la Junta de Andalucía, regularizar las que eran susceptibles de alcanzar un desarrollo urbanístico que las integre en el esquema de la ciudad. Un procedimiento lento y farragoso, pero que deben asumir los propietarios que se instalaron en terrenos no aptos para la edificación.

Pero, como hemos señalado al inicio, la situación desborda actualmente toda posibilidad de atajarla sin más. Solo se puede frenar y, en los casos en que sea posible, resolver. Otra cosa llevaría a inciertos procedimientos legales de enorme complejidad. La vía de los hechos está triunfando, y lo mejor es intentar resolver el problema de la forma más justa.

Lo que ocurre es que hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, de las 4.419 viviendas en suelo no urbanizable que se estima que hay en Córdoba, 1.364 se encuentran en zonas inundables. En febrero del 2010, unas 800 casas fueron desalojadas en la impactante crecida del río que llevó el agua hasta los tejados en el entorno del Aeropuerto y zonas de Majaneque, Las Cigüeñas, Alcolea, Encinarejo, El Cañuelo... El ejemplo más destacable es Guadalvalle, donde se realojó a familias y se derribaron varias viviendas. Allí está volviendo la población, y, como ha publicado CÓRDOBA en exclusiva, muchas casas vuelven a estar habitadas, mientras otras han sido reconstruidas o vendidas. Las administraciones (Ayuntamiento, Junta, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) no pueden autorizar la residencia en zona de riesgo, y el Ayuntamiento se propone un plan de inspección, dado que en el anterior equipo municipal hay contradicciones entre el que fue responsable de la Policía Local, que dice haber informado a Urbanismo, y el de Urbanismo, que dice no haber tenido conocimiento.

La nueva normativa que aprobará en breve la Junta de Andalucía, con la figura del Asimilado Fuera de Ordenación, no podrá aplicarse a las zonas inundables salvo que estas adopten medidas para evitar riesgos, que pueden ser muy costosas. Así, el problema podría seguir mucho tiempo enquistado, aunque es evidente que las administraciones responsables deben decidir si permiten que las zonas de riesgo grave sigan habitadas. Pueden pasar décadas sin que ocurra nada, pero los recientes ejemplos de la gota fría son un claro aviso a navegantes.

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1 Comentario
01

Por Juan Gutiérrez 10:32 - 22.09.2019

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Yo lo tengo casi claro. En este asunto de lo construido en zonas claramente ilegales, como son las inundables, habría que aplicar el Código penal o civil, no sé exactamente, a los gobernantes que, por presunta dejación de funciones, permitieron esta transgresión de la ley. La vía de los hechos no puede triunfar nunca por encima de la legalidad, nunca será justa la solución de los problemas que acarrea esta conducta permitida por quienes están investidos del poder para evitarlo. Las autoridades que dejan hacer no deben ser castigadas en las urnas, sino por un Tribunal de Justicia. Ojo, que esto no exime de culpa a quien se aprovecha de la presunta lenidad gubernamental.