El pasado jueves, los ciudadanos de la UE dejaron de vivir una situación absurda. En un espacio por el que circulan libremente las personas, las mercancías y los capitales, los usuarios acaban de dejar de pagar un sobrecoste por utilizar su teléfono móvil fuera del Estado en el que lo tienen contratado. Aunque esta práctica pudo tener alguna justificación en los inicios de la telefonía móvil, en este momento no tenía ninguna explicación razonable, puesto que los movimientos cruzados de sus clientes acaban compensando los costes de las compañías. Puesto que siempre criticamos a los burócratas de Bruselas, hay que reconocer que en esta ocasión la perseverancia de la Comisión Europea ha logrado hacer prevalecer los derechos de los usuarios sobre los impedimentos de las compañías.
