Esta vez no es una oenegé, sino un organismo oficial: el Instituto Nacional de Estadística ha certificado los niveles alarmantes de vulnerabilidad que sufre una parte importante de la población española como consecuencia de una crisis devastadora de cuyos efectos no se ve el final. El dato de que el 22,3% de los ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza es de una contundencia que debería encender las alarmas de los poderes públicos y espolearles a combatir con medidas eficaces el agrandamiento de la brecha social. Hoy los ricos son más ricos que antes de la crisis, y los pobres son más pobres, pero sobre todo amplísimas capas de la población, las clases medias y bajas, han descendido uno o varios escalones en su calidad de vida y --lo que es más hiriente-- no ven la posibilidad de recuperar el terreno perdido. España es más desigual que hace una década. Que en torno al 40% de los hogares no tengan capacidad para afrontar gastos imprevistos o no puedan irse de vacaciones ni una semana al año son dos expresiones de esa grave patología social. El INE también pone cifras a la educación como factor de protección en situaciones de crisis: el riesgo de pobreza es tres veces superior entre quienes solo tienen estudios básicos. Si esa obviedad sirviera para que la Administración hiciera una apuesta estratégica por la enseñanza como factor de riqueza del país, habría motivos para la esperanza a medio plazo, pero no parece ser el caso.
