Reprimenda, llamada de atención, tirón de orejas, aterrizaje en la cruda realidad... Alerta, sobre todo. El informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz, entregado ayer en el Parlamento de Andalucía, es un espejo en el que la Junta de Andalucía, las instituciones y los responsables políticos deberán mirarse para no aflojar la guardia sobre los grandes desafíos que nos esperan. Por desgracia, esos desafíos no pueden interpretarse como objetivos ambiciosos de grandes y nuevas realizaciones, sino como la recuperación de un estado del bienestar que sigue deteriorado como consecuencia de la crisis. No por ello es sencillo. En el resumen del trabajo realizado por la institución a lo largo del 2017, Jesús Maeztu no pone paños calientes al asegurar que en Andalucía existen derechos ciudadanos «ensombrecidos» y «debilitados» a causa de las restricciones presupuestarias y de fallos en la gestión y coordinación que están impidiendo una respuesta efectiva de la administración pública. La falta de disponibilidad presupuestaria es una «amenaza» para que todos los ciudadanos puedan ejercer esos derechos, relacionados con el estado del bienestar. Ha tenido que recordar el Defensor del Pueblo Andaluz que la desigualdad aumenta pese a la recuperación económica, y que las familias se ven desprotegidas, sin que estén garantizados sus derechos vinculados a la educación (es la materia en la que ha recibido mayor número de quejas), la salud, los servicios sociales, la vivienda o la justicia. Y, aunque admite que la Junta de Andalucía tiene «conciencia» y voluntad de actuar ante esta situación, considera que no hay planes o medidas concretas para salir de la misma.
Blindar el estado del bienestar es, ni más ni menos, la propuesta que se infiere de las reflexiones del Defensor del Pueblo. Y conseguirlo es un objetivo irrenunciable. Como señala Maeztu, recuperar niveles de empleo anteriores a la crisis --y superarlos-- es indispensable. Y está claro que una financiación acorde con la población y necesidades de Andalucía es imprescindible, tan imprescindible que ha provocado una unidad política --con excepción de Cs--, empresarial, sindical y de la mayor parte de los colectivos andaluces para plantear una propuesta al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero eso no excluye la responsabilidad de la Junta de mejorar su eficiencia. Acudir a comparaciones con la media nacional --si Andalucía está mejor en políticas sociales-- no es excusa para un gobierno del PSOE, que debe aspirar a más. Ni para el resto de los partidos, pues, ya que estamos hablando de un empeño que deberá llevarse a cabo a medio plazo, y no hay mayorías absolutas para sacarlo adelante, requeriría consenso, una responsabilidad compartida para blindar las políticas sociales en Andalucía.
