La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció ayer una oferta de empleo público de gran calado: 32.814 plazas que saldrán a concurso en diciembre próximo y que se adjudicarán a través de exámenes que se celebrarán entre 2018 y 2020. El objetivo, según dijo en su comparecencia parlamentaria, es «reforzar y estabilizar las plantillas» de los servicios públicos de la Junta. La noticia, vinculada al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Andalucía para 2018, es un bombazo en sí misma, tanto por el importante refuerzo para el empleo público tras los años de recortes, como por las expectativas que despierta en la población desempleada. Matizó Montero que se intentará acompasar estas convocatorias con las de otras comunidades autónomas, para evitar el «efecto llamada» de opositores del resto de España. No quedaron despejadas las dudas sobre cuantas plazas serán abiertas y cuantas restringidas a asegurar los puestos de interinos, pero, en cualquier caso, la cifra es importante. Como importante es el hecho de que el 85% de esta oferta -que es independiente de las previstas ya para el 2018, año en el que se convocan unas 7.500 plazas- se destine a sanidad y educación. Está claro que el Gobierno de la Junta se ha tomado muy en serio el malestar de la población con las carencias del Servicio Andaluz de Salud y las mareas blancas desatadas en algunos puntos de Andalucía, y de ahí los pasos para mejorar la atención, que implican forzosamente la ampliación de plantillas. Sanidad y educación son ejes cruciales del estado del bienestar y de la atención a las personas, aspectos en los que ha puesto su acento el Gobierno de Susana Díaz. Con una gestión adecuada, el incremento de personal anunciado debería suponer un gran avance de los servicios públicos en Andalucía.
