Desde el mismo momento de su toma de posesión, el Gobierno Sánchez ha intentado reformar la legislación laboral, con el objetivo de «revertir» la reforma laboral del Gobierno Rajoy. Y en ese empeño se ha aplicado a pesar de no contar con el respaldo de los agentes sociales (condición que se autoimpuso) y no tener mayoría suficiente en el Congreso. Lo último ha sido el decreto del pasado viernes que, con el rimbombante nombre de «Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección social e incentivos al empleo», contiene un conjunto parcial de medidas de alguna incidencia (subsidio para mayores de 52 años), otras de escasa relevancia (los contratos en el sector agrario) y otras que refleja lo poco que el Gobierno conoce el mercado de trabajo actual (el control de las horas extra). Finalmente, el Gobierno anunció, también con carácter urgente, la constitución de un grupo de expertos para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, el Gobierno, lejos de enfocar el problema como debía, constituyendo hace meses el grupo de expertos para reformar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, parchea con demagogia para las elecciones.
Porque una parte importante de los problemas que tenemos en nuestro mercado laboral, principalmente el paro y la dualidad laboral, tienen que ver con el mal funcionamiento del marco institucional y legislativo en el que se fundamenta. El Estatuto de los Trabajadores, piedra angular de este marco, es el primer culpable del paro diferencial que sufrimos. Dicho de otra forma, si realmente queremos reducir significativamente la tasa de paro, la dualidad laboral (que perjudica a los jóvenes) y la desigualdad, mejorando los salarios, necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como una nueva Ley de Libertad Sindical. Un nuevo marco jurídico que regule de una forma mucho más eficiente las relaciones laborales en España.
Para ello sería conveniente que el tema se abordara desde la realidad de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores que tenemos vigente, a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho, es de 1980, y es fruto de la estructura económica de entonces, de la situación política y de la legislación laboral franquista (de la que quedan reminiscencias). Es decir, el Estatuto de los Trabajadores se hizo para una economía poco desarrollada, cerrada e intervencionista. Exactamente todo lo contrario que la economía que se nos avecina. Mas aún, no sólo los empleos de entonces eran diferentes a los actuales, es que también los trabajadores de entonces tenían una cualificación y unas expectativas diferentes. La economía española ha cambiado tanto, y el cambio que se avecina en el mercado laboral en los próximos decenios es tan profundo, que haríamos bien en enfocar la legislación laboral para facilitar los cambios, evitando los efectos indeseables que pudieran producirse, no volviendo a legislaciones atrasadas que sólo generan paro y desigualdad.
Un criterio que debiera orientar toda reforma laboral, además de la justicia y equilibrio en las relaciones entre las partes, es el de la flexibilidad, lo que implica la posibilidad de adaptar las condiciones laborales a las condiciones económicas en las que se desenvuelve la actividad. Un criterio que tiene una fuerte base empírica, pues los mercados laborales más flexibles son los que tienen, dado un nivel de renta, menores tasas de paro y de precariedad, así como mejores salarios. Ha sido precisamente la flexibilidad laboral de la reforma Rajoy, no completa, la que ha posibilitado la creación de puestos de trabajo a partir de tasas de crecimiento inferiores al 3%.
Precisamente por eso, porque la flexibilidad laboral es esencial en los empleos actuales y en la creación de empleos del futuro, no entiendo medidas que consideran que el trabajo del siglo XXI es como el del siglo XIX. Me temo que el Gobierno, por la prisa de redactar decretos, lo hace después de ver Novecento y no de estudiar economía laboral.
* Profesor de Economía. Universidad Loyola Andalucía
