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CARTAS AL DIRECTOR / LEGISLACIÓN Y POLÍTICA

Reforma de la ley electoral

 

Álvaro Valverde de Diego / Córdoba
26/01/2020

Hay dos aspectos a modificar de la actual ley electoral que de manera recurrente se vienen reclamando por parte de la sociedad, sin que hasta la fecha los partidos políticos hayan dado un paso para ello. Por un lado, reducir la desproporcionada influencia en relación con su representación de los partidos nacionalistas vascos y catalanes en el rumbo del país. Si ya desde el comienzo de la democracia su exigua presencia en el Congreso de los Diputados ha sido decisiva para conformar gobiernos y decidir la política de la nación, es ahora cuando se muestra con toda su crudeza. Los ciudadanos estamos asistiendo estupefactos al hecho de que la gobernabilidad de España dependa de tan solo trece diputados, los de ERC, comprobando hasta qué punto puede llegar el nivel de chantaje por unos representantes egoístas que piensan solamente en su comunidad autónoma y que, además, desprecian al resto. Por ello, resulta inaplazable el que los partidos que han gozado de mayorías absolutas como son el PSOE y PP, acuerden introducir cambios en la normativa reguladora del sistema electoral que reconoce a cada provincia como circunscripción y la eleve, al menos, a comunidad autónoma. Con ello se diluiría notablemente la representación nacionalista y, de paso, se produciría una mayor proporcionalidad entre votos y escaños. Y por otro, la implantación de listas abiertas o desbloqueadas. Es decir, que se vote a una persona determinada y no a una lista impuesta por el partido sin opción de eliminar nombre alguno ni alterar el orden establecido. Se trataría de utilizar el mismo sistema de elección del Senado en el que cada elector señala las personas que prefiere, incluso de distintas formaciones políticas. El cambio favorecería la regeneración democrática al poder rechazar o reconocer con el voto a políticos concretos y dotaría de mayor autonomía a cada diputado al no estar obligado a seguir la disciplina de voto impuesta por su partido, tal como consagra nuestra Carta Magna al declarar que no están ligados por mandato imperativo alguno. Lo hemos comprobado recientemente en el debate de investidura de Pedro Sánchez, cuando Ana Oramas, de Coalición Canaria, votó en contra a pesar del acuerdo unánime de su partido de abstenerse. Dado el escaso nivel de los representantes actuales, sin experiencia laboral ni mérito contraído alguno, se hace urgente el cambio electoral mencionado.

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