Tras el 1-O, el Parlament y el Govern tienen que decidir si continúan instalados en la ilegalidad acordando la declaración unilateral de independencia. Lo que parecía claro hace unos días, no lo es ahora. A la vista de las consecuencias jurídicas y políticas que pudiera tener esa decisión, y de sus desastrosos efectos económicos, ya visibles con la salida de importantes empresas con sede en Barcelona, existen dudas y divisiones dentro del bloque secesionista.

En este escenario, se observan algunos movimientos en la dirección de aprovechar este compás de espera para encontrar vías de salida, planteándose la necesidad de un referéndum legal y pactado. Es una idea que no solo se propone desde determinados círculos políticos, sino que también encuentra eco en amplios sectores de la opinión pública, que piden recuperar el diálogo entre las instituciones catalanas y el Gobierno de la nación.

Sin embargo, los que proponen esta opción no dicen si sería un referéndum consultivo o vinculante, ni si hay posibilidad real de hacerla efectiva en las actuales condiciones políticas. Es una opción que debe ser clarificada para hacerla verosímil. En aras de esa clarificación me permito hacer algunas reflexiones.

a) Cuando se habla de «referéndum» puede hacerse en dos sentidos: como una mera consulta sin efectos jurídicos; o como una consulta cuyos resultados sean jurídicamente vinculantes.

b) Según algunos juristas, un referéndum «consultivo» en Cataluña podría tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico sobre la base del art. 92 de la Constitución. En su opinión sería posible consultar a los catalanes (aunque sin efectos vinculantes) sobre su permanencia en España, y medir así el peso de las diversas opciones. El problema es cómo gestionar políticamente el resultado de ese referéndum consultivo si saliera favorable a la independencia, ya que no sería posible canalizarlo en el actual marco constitucional.

c) Respecto al referéndum «vinculante», que es lo que realmente proponen los soberanistas, no tiene cabida en nuestra Constitución una consulta que plantee la autodeterminación y en la que solo voten los catalanes. Eso iría contra el art. 2 (que establece la indisolubilidad de la nación española como «patria común e indivisible de todos los españoles») y el art. 1.2. (que dice que «la soberanía nacional reside en el pueblo español»). Ningún gobierno puede «pactar» un referéndum de ese tipo sin llevar a cabo una reforma de los citados artículos de nuestra Constitución cambiando el principio de soberanía. Reformar la Constitución en ese sentido (confederal) significaría que el derecho de autodeterminación debiera extenderse, al menos, a cada una de las 17 comunidades que forman el actual Estado español.

d) Sin embargo, ninguno de los partidos del bloque constitucionalista (PP, PSOE y Cs), hoy mayoritario en las dos cámaras del Parlamento, está hoy dispuesto a aceptar una reforma constitucional de ese calado. Por eso, en las actuales condiciones políticas, y mientras el PSOE siga alineado en las posiciones del boque constitucionalista, no sería factible un referéndum vinculante en el que los catalanes voten sobre la independencia.

e) Desde mi punto de vista, el único referéndum (vinculante, legal y pactado) que veo factible, aquí y ahora, es el que tenga por objeto aprobar, previa reforma del título VIII de la Constitución, un Estatuto catalán (similar al que fue recurrido ante el TC en 2007). Sería éste un referéndum en el que votarían solo los catalanes, satisfaciendo así el derecho a decidir que tanto reclaman. No sería, por tanto, un referéndum para votar sobre la independencia, sino para votar sobre un nuevo Estatut en el que se establezca un nuevo encaje de Cataluña en un modelo territorial de corte federal.

f) Esta opción puede que no guste a los independentistas, pero rompería la dinámica de polarización existente y abriría un nuevo escenario. Para ello, haría falta, de un lado, que el Govern volviera a la legalidad, renunciando a declarar la independencia (tiene motivos sobrados para justificar esa renuncia), pero sin abandonar sus aspiraciones históricas, y, de otro, que el bloque constitucionalista apoyara, sin renunciar a la integridad territorial, la reforma del título VIII. Ese es el único diálogo posible, y por el que se debe apostar.

Los próximos días van a ser importantes en el desenlace de la grave situación a la que se ha llegado. Habría que rebajar el ardor guerrero que domina el escenario, y no activarlo con iniciativas frentistas que sólo contribuirían a hacer imposible algún acuerdo. El bloque secesionista está hoy dividido y necesita una salida. Aprovechemos la oportunidad ofreciéndole propuestas factibles desde el interés compartido por seguir juntos (un nuevo Estatut en un nuevo título VIII de la Constitución), y no respuestas basadas en la lógica de un vencedor que aspira a derrotar por KO al adversario.

* Profesor de Investigación. Catedrático de Sociología IESA-CSIC