Las pateras siguen llegando a las costas andaluzas, pero las soluciones parecen haberse congelado: el Gobierno, tras el animoso impulso inicial, no actúa para aliviar la presión que sufre Andalucía. La conferencia sectorial de migraciones ha decidido volver a reunirse en septiembre, y da la impresión de que nada se moverá hasta el otoño. Sin embargo, la realidad está ahí, y Andalucía ha podido observar el pasado lunes la insolidaridad o la indiferencia de otras autonomías a su petición de ayuda para atender a los menores inmigrantes no acompañados. Se vive, en el interior de las fronteras españolas, la misma situación que se produce en la Unión Europea, en la que los países alejados del Mediterráneo consideran ajeno un problema que es de todos. La Junta de Andalucía, a través del vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, ha hecho formal su queja y petición de ayuda. Una queja razonable que el delegado del Gobierno en Andalucía dice comprender, al tiempo que pide «comprensión mutua». Es evidente que no se puede resolver en dos meses un problema tan grave, pero también está claro lo excepcional de la situación de este verano, que, si bien no es alarmante en el cómputo global de la inmigración irregular, sí está generando problemas graves que deberían resolverse con rapidez. Una situación difícil que trasciende a Andalucía y a España, pero que se está viviendo en nuestras costas sin los recursos y el apoyo obligado.
