Hace casi treinta años que escribí para la revista Fomento Social un largo artículo titulado «El largo y difícil camino hacia la Europa Social», que diez años más tarde se incluyó en un libro de varios autores publicado por ETEA titulado España en la Unión Europea--Más allá del euro. Pues bien, después de tantos años, hoy Europa está inmersa en una profunda crisis precisamente por haber andado tan despacio en este camino del desarrollo de la dimensión social de aquella Unión Europea que con tanta ilusión se creó, convirtiéndose, para muchos, en un mero Club Mercantil, más preocupado en salvar la banca en crisis que en ayudar a los pequeños clientes de estos bancos.
El primer párrafo de mi artículo de hace tantos años, creo que se puede reproducir, reflejando el sentimiento actual de muchos europeos: «Uno de los adjetivos calificativos más utilizado hoy en los documentos oficiales de la CEE y que, sin embargo cualifica menos el sustantivo al que se une, es el de social. En los últimos veinte años se ha hablado de La Carta Social Europea (1969, con su Protocolo adicional de 1981), Programa de Acción Social, Espacio Social Europeo, Dimensión Social del Mercado Único, Cohesión Económica y Social de Europa, el Programa Social Europeo, Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales (1989), Libro Blanco de Política Social (1993;) se ha afirmado una y otra vez la necesidad del diálogo social y de la participación activa en la construcción de Europa de los agentes sociales o los interlocutores sociales, pero por muy distintos que sean los significados que se den a este adjetivo social, su uso siempre refleja una misma preocupación: la necesidad de ensanchar el hasta ahora estrecho significado economicista que se ha dado a la Comunidad Europea».
La Carta Social Europea enumera los siguientes derechos a: condiciones de trabajo equitativas, seguridad e higiene en el trabajo, una retribución justa, derecho especial de los niños, adolescentes y mujeres trabajadoras en el campo social y económico, a la orientación y formación profesional incluyendo personas física o mentalmente disminuidas, a la protección de la salud, a los beneficios de los servicios sociales, a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otros estados del Consejo Europa.
Veinticinco años más tarde, un considerable número de Estados miembros del Consejo de Europa todavía no lo habían ratificado, y este añadió, en un Protocolo Adicional, cuatro derechos: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materias de empleo y de profesiones, sin discriminación basadas en sexo. Derecho de información y consulta de los trabajadores. Derecho de los trabajadores a participar en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del medio ambiente de trabajo. Derecho de las personas de edad avanzada a una protección social adecuada.
La Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales, de 1989, se suscribió ante el temor de que «ese gran mercado interior sea sólo un objetivo liberal, que asegure la libertad de las mercancías y de los capitales únicamente en beneficio de unos pocos». Este nuevo documento comunitario, sin añadir prácticamente nada nuevo en materia de derechos a la anterior Carta Social Europea, ofreció una serie de directrices para la implementación de estos derechos (arts.28 y 29), invitando el Consejo de Europa a la Comisión a presentar, lo antes posible, las iniciativas necesarias para la adopción de los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a la práctica efectiva los derechos proclamados en la Carta Comunitaria, obligando a la Comisión a preparar un informe anual sobre la aplicación de la Carta en los Estados miembros, especialmente en temas de mercado de trabajo y libre circulación de personas, mejora de condiciones de vida, no discriminación por sexo, seguridad e higiene, y niños y adolescentes, dejando fuera de esta obligación los temas de información, consulta y participación obrera.
El cambio, por el Tratado Maastricht (1993), del nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea hacía presagiar un cambio también de rumbo, del meramente economicista al más social, pero este cambio no se dio, y hoy Europa lo está pagando. La crisis del sistema capitalista financiero de 2008 y las durísimas políticas de austeridad con las que la UE le hizo frente, mostraron que los buenos propósitos en temas sociales eran meras palabras que, una vez más, tenían que supeditarse en los Presupuestos a las demandas del capital.
El hermoso ideal del Estado de Bienestar y la Economía Social de Mercado, y el impulsor de estos ideales, la Socialdemocracia, se han ido debilitando hasta olvidarse. La Unión Europea ha de recuperarlos o va a desaparecer, bajo la presión de una ciudadanía defraudada, que se esperaba iba a proteger. «Hay que admitir que el progreso social solo será posible con la íntima colaboración entre la Unión y los Estados miembros, los interlocutores sociales y todos los ciudadanos, y que construir una Europa con igualdad de oportunidades para todos demanda profundos cambios en la sociedad y en el sistema económico» (Jacques Delors).
* Profesor
