El pasado 14 de enero se presentó a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019, al que ya se han presentado enmiendas a la totalidad por los distintos grupos parlamentarios, incluidos los independentistas ERC y PdCat, que apoyaron la investidura del gobierno central. En esto de los Presupuestos, en los que hay partidas para las distintas comunidades y provincias de España, debieran los diputados votar atendiendo, no a su signo político, sino haciendo una valoración de si aquellas partidas benefician o no a la región o provincia a la que representan. No se debe olvidar que los diputados fueron elegidos en unas elecciones generales, presentándose por una ciudad o localidad representando los intereses propios de ella y comprometiéndose a defenderlos en el Congreso. Sin embargo, año tras año los presupuestos siguen siendo desiguales y discriminatorios para unas regiones respecto de otras, porque prima el interés de los partidos políticos sobre el beneficio de sus conciudadanos. Y una vez más, y a pesar de la crisis catalana, sigue aumentando Cataluña su partida en los Presupuestos Generales del Estado. Pero lo realmente preocupante no es solo ese agravio comparativo económico con el resto de comunidades autónomas, sino que la aprobación de los Presupuestos depende de concesiones, no económicas, sino judiciales, que vulneran uno de los principios fundamentales en el que se asienta España, que es la división de poderes. Y se hace depender todas las partidas económicas españolas de la decisión de los políticos independentistas catalanes. Por mucho que quiera el Gobierno de Sánchez desvincular la aprobación de los Presupuestos del conflicto catalán y de su mantenimiento en Moncloa, las idas y venidas de comparecencias de su vicepresidenta no han hecho más que dejar en evidencia la postura de una y otra parte. El interés de los separatistas es que no haya acusación o condena en el procés o, en todo caso, se le garantice el indulto si hay condena; y por otra parte, el interés de Sánchez es seguir en el poder. Porque después del disparate y sinsentido de la figura del «relator», con críticas dentro y fuera del PSOE, que ahora de nuevo salga la vicepresidenta a decir que se ha roto el diálogo porque no van a consentir un referéndum de autodeterminación que los separatistas exigen, es más sospechoso aún que la figura del relator (¡si lo de la autodeterminación no es nada nuevo!), creando, si cabe, más confusión y desconfianza al nuevo escenario. Mucha escenificación y poca claridad y transparencia, tanto de unos como de otros, pero lo malo es que el Gobierno de España cae en la trampa de los separatistas, y aunque solo sea por su propia imagen, Sánchez debería darse cuenta. Pues rota la negociación, de nuevo le tientan diciéndole los partidos independentistas que hasta minutos antes de la votación de los presupuestos pueden retirar las enmiendas a la totalidad. Y me pregunto, ¿en qué afecta todo esto a la partida económica de los PGE que se otorga a la provincia de Córdoba? En nada, porque se aprueben o no estos presupuestos, u otros, seguiremos siendo una de las provincias menos beneficiadas ya que nuestros parlamentarios cordobeses votarán según su partido, y no defendiendo los intereses económicos de Córdoba, para lo que fueron elegidos. Menos manifestación y más defender Córdoba.

* Abogada