El enorme ruido que rodea al Consejo de Ministros del viernes en Barcelona a cuenta de las previstas movilizaciones independentistas y de la reunión, aún por confirmar, entre Pedro Sánchez y Quim Torra, oculta las medidas que el Ejecutivo quiere anunciar el 21-D. Ya era conocido que el Gobierno prevé aprobar el alza del salario mínimo a los 900 euros, una subida del 22%, la mayor desde 1977. Ayer, en el Senado, Sánchez anunció una subida salarial de hasta el 2,75% para los empleados públicos de la administración central con efectos desde el 1 de enero del 2019, una mejora superior a la pactada por los sindicatos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Otras medidas ya avanzadas por el Ejecutivo que se decidirán en Barcelona están vinculadas con el comercio y con un paquete específico de inversiones para Cataluña.
Tras el varapalo electoral en Andalucía, Sánchez considera crucial esta semana para que el Gobierno retome el control de la agenda política en el ámbito económico y social y en el de la crisis catalana. El Ejecutivo parece dispuesto a impulsar por decreto algunas de las medidas que quería incluir en los Presupuestos, que en estos momentos no tienen una mayoría garantizada en el Congreso. Las decisiones adoptadas en Barcelona son al mismo tiempo un mensaje a los independentistas y a la oposición, y tal vez uno de los últimos intentos de otorgar oxígeno al Gobierno para alargar la legislatura pese a su debilidad parlamentaria.
