Los taxistas cordobeses se han sumado a la huelga iniciada en Barcelona y seguida a continuación en Madrid y otras capitales españolas. El conflicto es el mismo que los ha movilizado en ocasiones anteriores: la competencia, que ellos tildan de ilegal, de los vehículos de transporte con conductor (VTC, de las plataformas Uber y Cabify). El detonante ha sido la suspensión cautelar por los tribunales de un reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona para restringir el número de licencias VTC. El enfado del gremio barcelonés se ha extendido, dado que el problema, en mayor o menor medida, es compartido. Lo cierto es que en España hay 9.366 licencias VTC (cerca de 1.500 en Andalucía) y 65.277 taxistas, es decir, una por cada siete, lo que supera el tope de un VTC por cada 30 taxis que establece la ley de transporte de 2015. La reunión de ayer con el Ministerio de Fomento arrojó avances insuficientes para el sector. El Gobierno se compromete a reformar el marco legal en septiembre, para que las ciudades tengan competencias en esta regulación, pero los taxistas mantienen hoy su protesta. En Córdoba, la incidencia de los VTC es mínima, de hecho, muchos de estos coches con licencia operan en Málaga o Sevilla, pero a la solidaridad corporativa se suma la preocupación ante el futuro. Es un conflicto difícil de resolver que ya se prolonga demasiado. Se necesita un marco estable, en beneficio del servicio público que se presta.