Los expertos difieren en cuanto a la valoración de la ley del juego que fue impulsada en el 2011 por el Gobierno de Zapatero y que vio la luz con el Ejecutivo de Rajoy, con notables presiones de los lobis para asegurar, a través de autorizaciones administrativas (y no de los concursos de licencias inicialmente previstos), unos premios ilimitados. La controvertida norma, favorable a las empresas en detrimento del ciudadano, según unos, debería ser más restrictiva en la acreditación de empresas, lo que facilitaría un descenso de la oferta lúdica. Para otros, se trata de una legislación equilibrada y garantista. Lo cierto es que contiene puntos negros que están pendientes de resolución. Por un lado, la implantación de un reglamento que regule la publicidad y que establezca límites claros en relación a la franja de horario en que se emite (para salvaguardar a los menores o durante retransmisiones deportivas) y para impedir que personajes famosos inciten al juego. Por otro --visto el auge de las apuestas entre los jóvenes-- que se impida con contundencia a los menores acceder a los locales de apuestas o a los videojuegos y aplicaciones adictivas que promueven la ludopatía. Y, finalmente, corregir el agujero legal que favorece las restricciones, en casinos on line o similares, a los jugadores que ganan continuadamente. Es responsabilidad de la Administración establecer parámetros para que el juego sea una actividad responsable y controlada.
