Entre las conclusiones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena al IES Gran Capitán por no haber protegido a un menor de 12 años que estaba siendo acosado y agredido por algunos compañeros, destaca la siguiente: «No cabe la menor duda de la relación de causalidad entre los daños psíquicos, morales y materiales sufridos por el menor y la situación de acoso escolar que se refleja en los hechos probados». Es decir, de la falta de actuación para frenar ciertas conductas y ayudar a la víctima se derivan daños que pueden afectar a su vida entera. Lorenzo, que ahora tiene 25 años, ha empezado a rehacer la suya, pero aún hay secuelas, y el dolor predominará en sus recuerdos de adolescencia y primera juventud. Está clara la necesidad de proteger de inmediato a los menores acosados (uno de cada cuatro escolares sufre estas situaciones en mayor o menor grado), actuar en cuanto haya indicios y conseguir que la víctima no lo sea dos veces, la primera por la situación que padece, la segunda por los errores del sistema.

El fallo del TSJA es, por tanto, de gran interés, porque fija la responsabilidad del centro docente. No es fácil llegar a esta conclusión. En el caso que ha despertado el interés de toda España esta semana, uno de los primeros por bullying que se llevó a los tribunales, los profesores y dirección del centro admitían que el asunto se les había «ido de las manos», que no conseguían reconducir la situación. Esto puede ocurrir. Damos por sentado que ningún docente alienta a los estudiantes que hacen daño a sus compañeros. En aquellos años no había protocolos de actuación. Los denunciantes consiguieron que el Juzgado de Menores condenara a los tres agresores identificados, pero no al centro educativo. En el 2010, la familia y su abogada decidieron seguir adelante en otras instancias judiciales hasta que han conseguido la actual sentencia condenatoria. Cabe resaltar el empeño de la familia, pues no es fácil aguantar estos largos procesos. La consejera de Educación, Sonia Gaya, anunció en Córdoba que la Junta no recurrirá la sentencia del TSJA, una decisión razonable, pues aunque no alivia el dolor sufrido, al menos es una reparación.

Si esos casos eran graves antes, hoy son peores, pues las redes sociales permiten a los agresores mantener de forma incesante la persecución. Es preciso estar alerta, educando en las familias y escuelas, pero también vigilando el posible desarrollo en los jóvenes de estas conductas agresivas e inhumanas que destruyen la convivencia, siembran el terror y acaban con la autoestima de otros jóvenes. Todos podemos hacer algo para frenarlo, pero la administración, el sistema judicial y el sistema educativo deben ser los primeros. Y, como ejemplo positivo, la creación de la iniciativa pionera Córdoba Suma, que plantea una alianza social para prevenir y abordar los casos de bullying en los colegios.