No sé si la detención de Puigdemont será el final del procés porque los independentistas y las asociaciones soberanistas como ANC y Òmnium siguen utilizando la injustificada idea de los presos políticos y de que los tribunales españoles vulneran los derechos fundamentales y no ofrecen garantías jurídicas. Pero de los que sí estoy segura es de dos cosas: una, que la actuación de los «simbólicos» independentistas ha provocado una crispación social que han de controlar, y otra, que el ejercicio judicial, que pueda considerarse por unos discutible, es legal.
A la actuación delictiva que se les imputa a parte de los políticos independentistas, con Puigdemont a la cabeza, se le une la responsabilidad de controlar la fractura social que su conducta ha suscitado. Deberían dejar el juego de defensa de su propia persona frente a lo que llaman el Estado represor, y atender a la paz social de la ciudadanía. La tensión y malestar de muchos catalanes, tanto pro como contra independencia, puede estar al límite y dar lugar a otros a cometer delitos de desórdenes públicos; dependerá en gran medida de si los independentistas moderan sus consignas y difusión de mensajes contra el Estado en general y contra el Gobierno del PP y el juez Llanera en particular. Porque las declaraciones de algunos representantes del PDeCat, ERC o Podemos, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent, pueden resultar irresponsables en éste punto; no se puede pedir calma y tranquilidad y a la vez llamar a un frente común soberanista como respuesta a las detenciones realizadas. Estas manifestaciones pueden malinterpretarse sobre todo en redes sociales por quienes radicalizan el procés, y dar difusión a mensajes que inciten a la comisión de altercados de orden públicos que atenta a la tranquilidad y paz social catalana, y que van más allá de una simple manifestación. Este, y no otro, es el actual desafío sensato y responsable que debieran tener los independentistas como prioridad, el controlar la exteriorización de los imputados en prisión, más que la lucha por el control político del gobierno catalán. Debieran dar un paso al frente y defender su postura ante los tribunales, como corresponde a cualquier procesado, sin diferencia alguna, sin hacer uso de la presión de la calle y de los radicales, porque como se les vaya de las manos perderán el control de su causa, y lo que es peor, se hará realidad la amenaza de la paz social. Aunque para algunos puedan resultar excesivas las medidas cautelares del juez Llarena, son medidas previstas en la ley y fijadas conforme a ella. Una muestra de que se cumple con el proceso judicial legalmente establecido es que ninguno de los abogados de los imputados ha realizado rueda de prensa o comunicado oficial manifestando que se estuviera cometiendo contra sus defendidos alguna ilegalidad o incluso irregularidad judicial. Siempre han ido por delante de la actuación de sus clientes, advirtiéndoles de las consecuencias de su ilícita actuación. Esa tranquilidad democrática de quien realiza la defensa con todas garantías no la pueden menoscabar los acólitos de sus propios defendidos, quienes por la fuerza violentan el incertidumbre sosiego ciudadano. Garantizar y proteger la paz social es responsabilidad de todos, pero principalmente en Cataluña, de sus políticos e imputados.
* Abogada
