La agonía del brexit continúa. El pasado miércoles, los líderes europeos se volvieron a reunir con carácter extraordinario para decidir no ya sobre la concesión de una prórroga al Reino Unido, sino para determinar la duración de dicha prórroga. Frente a la propuesta de Theresa May de ampliarla hasta el 30 de junio, dos días antes de la conformación del Parlamento Europeo, y apoyada por Macron, se situaba la propuesta del presidente del Consejo, Donald Tusk, de conceder un año de margen para que Londres tomase una decisión en firme, bien mediante acuerdo en el Parlamento, mediante elecciones o vía un nuevo referéndum.

Finalmente, se decidió ir a un término medio, la nueva fecha límite será el 31 de octubre. A la luz del acuerdo, Merkel se ha salido con la suya. Su propuesta era la de superar el 30 de junio, pero no alcanzar el año de demora. Alemania, apuesta y gana.

La idea detrás de esta graciosa concesión a May está articulada sobre dos ejes de actuación. El primero, la flextensión; el segundo, la invención de una nueva categoría de Estado miembro, Estado en proceso de salida. La flextensión es un nuevo término acuñado en la jerga cada vez más numerosa en torno al proceso de salida del Reino Unido y que se úne a otros como backstop, o brexit y derivados como brexiternity, que consiste en la concesión de una ampliación para la salida, si bien no es requisito agotarla. Por lo tanto, si May consiguiera llegar a un acuerdo, pongamos durante las próximas dos semanas, podría acelerar la salida efectiva y evitar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Esta ampliación también deja el margen suficiente para adoptar decisiones más drásticas tales como la convocatoria de un referéndum o elecciones generales.

En cuanto a la nueva tipología de Estado en proceso de salida, lo que se pretende es acotar el margen de actuación que tendrá un Estado en situación de interinidad en relación con los procesos de toma de decisiones. El modelo a seguir, el Eurogrupo. Sin poder de decisión real, sin embargo, se ha constituido en el verdadero hacedor de la política económica europea frente al Ecofin. De este modo, Londres se quedaría al margen de decisiones extremadamente relevantes para el futuro europeo, pero seguiría participando de otras. Así, no formaría parte de las decisiones que afectaran al nuevo colegio de comisarios o de aquellas que tuvieran que ver con el marco financiero plurianual cara al 2021--27 actualmente en proceso de negociación. Esta nueva categoría comprometería al Reino Unido a seguir uno de los principios rectores de la UE, la cooperación leal, por lo que no podría/debería bloquear el normal proceso institucional en el entorno comunitario.

Al igual que en ocasiones anteriores, la decisión adoptada por el Consejo de la UE tiene que ser ratificada por el Parlamento británico. De nuevo comienza un proceso de aprobación que, de no contar con el acuerdo entre tories y laboristas, volverá a quedar bloqueado. Por el momento, la pelota vuelve a estar en el tejado británico. Y se abren los escenarios de siempre: acuerdo de May, acuerdo alternativo, otro referéndum, cancelación del brexit, elecciones generales o salida sin acuerdo. Sin duda la historia interminable, ¿o debería decir brexiternity?

* Profesora de Ciencia Política en la UCM e investigadora sénior en el ICEI