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Sin avales

Propuestas, ocurrencias y ...

Una revisión del sistema impositivo facilitaría los recursos para garantizar las pensiones

 

Propuestas, ocurrencias y ... -

No somos pocos los economistas que, desde hace años, venimos diciendo que es necesaria una profunda reflexión y un gran pacto de reforma del sistema de pensiones español. Y que es necesario hacerlo ya, cuanto antes. Si no modificamos la financiación del sistema de pensiones, en unos años se colapsará, pues, aunque lleguemos a tener una tasa de paro de menos del 10% para el año 2020, las cohortes que se jubilarán a partir de 2022 son tan numerosas que, para el 2025, no podríamos sostenerlo. Hay, pues, que abordar la financiación de las pensiones con urgencia. Y, puesto que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el factor trabajo que llamamos cotizaciones sociales, que pagan los consumidores (y no las empresas, como erróneamente se cree), es regresivo y perjudica la creación de empleo, sería bueno, en mi opinión, que abordáramos de una vez por todas una profunda reforma del sistema impositivo español, de tal manera que, además de darle suficiencia a los servicios públicos esenciales (entre ellos, las pensiones) le diéramos una mayor progresividad. Es decir, puesto que hemos de abordar la financiación de uno de los pilares del Estado del bienestar, y el de mayor crecimiento en la próxima década, sería conveniente repensar todo el sistema impositivo, incluyendo una reducción de las cotizaciones sociales y un replanteamiento del IRPF, del impuesto de sociedades y del IVA. Y, para inspirar las líneas de reforma, no estaría de más que, además de encargar informes como el de la Comisión Lagares de febrero de 2014) miráramos lo que hicieron, por ejemplo, los daneses hace más de 30 años, los alemanes hace una década o lo que ya están empezando a trabajar los franceses.

En esta reflexión y debate sobre el tema de las pensiones y su financiación lo que sí sobran, me temo, son las ocurrencias populistas como la del secretario general del PSOE de la semana pasada, cuando explicó que «si el Estado rescató a la banca, la banca rescatará nuestro sistema de pensiones», reforzando la idea con una pregunta retórica: «¿No es de justicia que los bancos rescaten nuestro Estado del bienestar?». El señor Sánchez propone, pues, alguna suerte de impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones, incluso el conjunto del Estado del bienestar.

¿Un impuesto sobre qué de la banca? ¿Sobre las transacciones o sobre los beneficios? Es decir, ¿cuál sería la base imponible? Porque si es sobre las transacciones sería una suerte de IVA a las operaciones bancarias (transferencias, pagos de recibos, operaciones con tarjetas, etc.), con lo que, al final, lo pagarían los usuarios, encareciendo los servicios bancarios y los costes financieros de las empresas y consumidores, y favoreciendo, de paso, la vuelta a las operaciones de efectivo, lo que impulsaría la ocultación fiscal. Y si es sobre los beneficios, los efectos serían un encarecimiento del crédito y/o una menor capitalización de los bancos. Sea como fuere, me temo que si hemos de fiar la financiación del crecimiento de las pensiones (del Estado del bienestar) a impuestos sobre la banca, los tipos impositivos que tendría que poner serían tales que o bien la hunde (y tendríamos que volver al rescatarla) o no hay suficiente.

Es evidente que vivimos en una época de política de ocurrencias, no de pensamiento. Y basta mirar la semana pasada. El presidente Trump destroza una política exterior con tres tuits y una frase; la marabunta independentista quiere investir un presidente y gestionar una comunidad autónoma por videoconferencia y… el secretario general de un partido con vocación de gobierno quiere financiar las pensiones con impuestos imposibles a la banca.

Igual que Mark Twain decía que había tres clases de mentiras (las mentiras, las cochinas mentiras y las estadísticas), en el debate público nos venimos encontrando con tres tipos de propuestas: las propuestas, las ocurrencias y… las tonterías.

* Profesor de Política Económica.

Universidad Loyola Andalucía.

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