La imagen del Tribunal Supremo está tocada. Su mala gestión en la resolución del impuesto de las hipotecas no solo ha provocado inseguridad jurídica e incertidumbre sino que ha creado unas expectativas a los ciudadanos que ha resuelto con un varapalo para estos, al decidir que son los clientes, y no los bancos quienes han de pagar aquél; Y ello sin unanimidad, con 15 votos a favor y 13 en contra, dejando sin efecto la Sentencia del pasado 16 de octubre que abrió la esperanza a muchos hipotecados.

No se conocen aún los argumentos de tan cuestionada decisión judicial, pero si la motivación de este fallo judicial está basada en el criterio del interesado en la operación financiera, tendrá que estar muy fundamentado jurídicamente porque ese criterio ya ha creado jurisprudencia respecto de los otros gastos de formalización hipotecaria impuestos por la banca, declarados nulos por abusivos, como son los de notaría y registro, y no puede crearse contradicción con el mismo criterio. Y si se hubiera tenido en cuenta el hecho de evitar el desajuste o quebranto económico de los bancos, como se arguyó en las cláusulas suelo, ya hemos visto que posteriormente la jurisprudencia española se tuvo que acomodar a lo resuelto por el tribunal europeo, al ser un argumento que vulneraba los derechos de los consumidores. Así, con este tema puede ocurrir lo mismo, que tras recursos de los afectados ante el Constitucional, busquen amparo en la justicia de Europa, y sea esta la que enmiende de nuevo a nuestros tribunales, por lo que esta cuestión no está cerrada definitivamente

El presidente del Supremo, Lesmes, al que de distintos ámbitos piden su dimisión, justifica la discrepancia de votos en la falta de claridad en la ley que han de aplicar, y manifiesta que las Cortes tienen una magnífica oportunidad para resolver el asunto. Poco ha tardado Sánchez en recoger el guante y anunciar en rueda de prensa que serán los bancos quienes pagarán el impuesto de las hipotecas porque su Gobierno por decreto ley modificará la legislación vigente en este tema. Está muy bien la medida en defensa de los consumidores, pero hay que aclarar que esta medida «estrella» no podrá solventar el perjuicio de los hipotecados que han reclamado judicialmente o que ya ven limitadas sus posibilidades de demandar respecto de su hipoteca, al no poder tener carácter retroactivo esta medida del Gobierno. Solo se beneficiarían los clientes de las nuevas hipotecas, por ello, no entiendo entonces la urgencia del decreto ley. Se debería discutir en sede parlamentaria la legislación hipotecaria para ahondar en las condiciones y cláusulas de la relación hipotecaria entre las partes, para equilibrar la relación entre el sector financiero y sus clientes, erradicando las posturas abusivas de aquel, y no limitar la medida solo a esa cuestión del impuesto. Pero claro, estamos en precampaña electoral y sigue predominando el interés partidista frente al general. Ante la justificada crispación social, es ahora cuando los líderes de todos los partidos políticos, se pronuncian en contra del alto tribunal y a favor de los ciudadanos, pero ¿donde estaban cuando éstos denunciaban la posición abusiva de los bancos en los productos financieros y sobre todo en los destinados a la adquisición de la vivienda? Esta problemática es responsabilidad también de los políticos, de su inactividad parlamentaria en problemas reales que afectan a todos. Han de adelantarse a los problemas y tener visión de futuro, y aunque el problema no esté resuelto, y llega tarde y sin retroactividad, esperemos que lo que promete Sánchez sea real y efectivo para las futuras hipotecas.

* Abogada