El Gobierno ha cuidado diversos aspectos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018 que ayer presentó en el Congreso de los Diputados. Las cuentas parecen reconocer por fin la mejora de la economía y son más expansivas, al tiempo que atienden en parte las demandas de los colectivos más indignados, desde los pensionistas, fuerzas de seguridad y funcionarios hasta el mayor margen para las autonomías y la dotación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El ministro Montoro coincidió con ese mensaje que se ha convertido en un mantra de todos los políticos, al calificarlos como «los presupuestos más sociales de la historia», aunque este argumento no servirá para conseguir que se aprueben si no hay acuerdo con el PNV y, como el año pasado, con las minorías de la cámara.

Más allá de los tópicos, lo cierto es que la interpretación de los PGE se hará más de acuerdo con las posiciones de confrontación política y perspectivas electorales que con su contenido real. Y, al margen de su lectural global, la programación de inversiones permite averiguar el trato que el Gobierno concede a los territorios. A Andalucía le anuncia un incremento del 27%, pero la Junta de Andalucía ya ha denunciado que en los PGE del 2017 bajaron las inversiones un 36%, con lo que ni siquiera se compensa la caída del año anterior. En Córdoba, donde la inversión lleva años bajo mínimos, el incremento alcalza el 41%, compensando ampliamente la caída del 8% del 2017. Pero, no nos engañemos, los cordobeses seguimos, como nuestro equipo de fútbol, en posición colista: ya no somos la provincia en la que menos invierte el Estado por habitante, al pasar de 73 euros a 104, pero solo hemos avanzado cinco posiciones en la tabla. En trazos gruesos, Córdoba recibe la mitad de inversiones por habitante de la media española y en torno al 40% de la andaluza. Y, aunque dicen que el ministro de Hacienda se guarda «alguna zanahoria» para negociar, difícilmente habrá margen para que los beneficios lleguen al sur. Aun así, es obligado exigírselo a nuestros representantes políticos en Madrid.

Las inversiones para Córdoba este año rozan los 82 millones de euros, cantidad a la que se añaden, según fuentes del Gobierno, otras incluidas en partidas globales que irán al cercanías y a las nuevas comisarías, entre otros. Pero también se reeditan partidas que figuraban en el 2017, y que no se han tocado. De nada sirve incluir proyectos si no se llevan a cabo, y el periodo de ejecución de los PGE --si se aprueban, y es importante para Córdoba que se aprueben-- será más corto en este 2018. El papel es así de sufrido, pero el problema reside en que ese sufrimiento se traslade a los ciudadanos.