La preocupación de los agricultores y productores por la crisis de precios del aceite de oliva está plenamente fundamentada. Más allá de la pérdida de rentas en una campaña concreta está una situación de mercado que no es razonable para un producto con altos estándares de calidad, y que supone la mitad de la producción final agraria de Córdoba. Que un sector económico de tal peso sufra una caída de precios del 43,5% en apenas dos años habla de especulación y de gran riesgo, pues... ¿qué empresa puede planificar inversiones o estrategias con tales incertidumbres, con tales desplomes y subidas según la abundancia de la cosecha? Se acusa de inmovilista al sector productor -aunque ha hecho una gran modernización-, pero es la pescadilla que se muerde la cola: avanzar en la generación de valor añadido, por ejemplo con más envasado en origen, requeriría más certidumbre sobre los ingresos, pero el mercado lo controlan las grandes industrias y las comercializadoras.

Para señalar la magnitud del problema basta indicar que el aceite de oliva virgen extra (el mejor) se paga hoy al productor a 2,2 euros el kilo, mientras en el 2017 se pagaba a 3,97 euros/kilo. El sector calcula que se van a perder 1.500 millones de euros en Andalucía esta campaña, dado que los costes de producción del olivar tradicional rondan los 2,70 euros/kilo de aceite y las ayudas europeas aportan unos 0,40 euros/kilo. Y es desesperanzador que el aceite de peor calidad, el lampante, se cotice a 1,8 euros/kilo... ¿Cómo es posible tan escasa diferencia con el virgen extra? ¿Ese es el plus que merece la calidad?

Los agricultores ya secundaron una protesta en Jaén el pasado 29 de mayo, pidiendo apoyo para la regulación de precios por varias vías, entre ellas los sistemas de almacenamiento que permitan afrontar las etapas de especulación. El sector acudió unido: Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, promete gestiones ante la UE para arbitrar mecanismos de autorregulación, mientras la Junta de Andalucía ha creado una mesa de trabajo con el sector centrada en sus competencias de promoción e inspección. Pero COAG y UPA, con apoyo de UGT y CCOO, preparan para el próximo martes una manifestación en Sevilla, que terminará en la Delegación del Gobierno y hará «parada» ante la Junta de Andalucía. Asaja y las Cooperativas Agroalimentarias se oponen a esta movilización, a su juicio inoportuna y que desune al sector cuando las administraciones ya trabajan en soluciones, mientras los convocantes quieren hacer oír su protesta aunque se siga negociando. Algunas cooperativas se sumarán a título particular, y, por ejemplo, el Consejo Regulador de Baena pondrá dos autobuses para quienes deseen acudir, si bien matiza que su reivindicación se centra en la calidad. La exigencia de inspecciones y controles que aseguren la calidad del virgen extra es urgente, pues hay picaresca y competencia desleal.

A estas alturas, es difícil que se desconvoque la marcha o que se sumen los que la rechazan, pero las diferencias no puden mantenerse en un momento crucial. Habrá que esperar al martes, ver cómo se desarrolla la manifestación, así como la reacción de las autoridades y del sector, obligado a retomar la unidad para hacer efectivas sus reivindicaciones.