Con el tema de Cataluña y la propuesta de Vox de eliminar las comunidades autónomas, estoy escuchando a muchos políticos afirmar que los ciudadanos nos concedimos el derecho a las autonomías y que, por tanto, estas son un derecho consustancial nuestro. Es cierto que en el artículo 2 de nuestra Constitución se recoge el «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». No obstante, a mí, ya desde hace tiempo, me asaltan varias dudas. La primera entronca directamente con qué nacionalidades, eso que ahora está tan de moda y se conoce como plurinacionalidad es algo que no entiendo, de hecho, ni me entra en la cabeza. La segunda, son mis amplias dudas sobre el hecho de que una forma de organización territorial se constituya como un derecho, como si no hubiera más formas y, además, útiles y eficaces, pero lo más importante es si las comunidades autónomas no se han convertido simplemente en una fuente más de privilegios políticos, y de ahí que no se quiera hacer ningún tipo de reformas, cambios ni reducciones.
Obviamente, en España tenemos 17 de todo: parlamentos, consejerías, haciendas y hasta embajadas; a lo que se unen las denominadas administraciones paralelas y las corporaciones locales. Obviamente, estas instituciones están llenas de políticos, asesores, personal de confianza y amigos puestos a dedo en cargos de libre designación. He leído algunas estimaciones (de Juan E. Pflüger) que hablan de unos 77.000 políticos electos, lo que al parecer nos sitúa como el país de la UE con más políticos por habitante, cifra que sube a más de 400.000 personas contabilizando todos aquellos que he comentado previamente. De ser esto así, haría que tuviéramos más políticos y personas puestas a dedo en la administración pública que médicos, policías o bomberos. Además, existen estimaciones que afirman que el gasto en nóminas, funcionamiento de servicios, alquileres, electricidad, etcétera, más los intereses de las deudas públicas del conjunto de las autonomías, cuestan entre un 7% y un 8% de nuestro PIB. No sabría decir si estas cifras son totalmente ciertas, de hecho, creo que están algo infladas ya que habría que restar de ahí el coste de determinados servicios públicos, pero en cualquier caso son cifras lo suficientemente alarmantes para que exijan un estudio serio y pormenorizado del tamaño y gasto de nuestros 17 reinos de taifas, llevado a cabo además desde la propia administración pública (pero sin trampas).
Claro, siendo consciente de esto, mi sorpresa con algunos titulares de prensa afirmando que Ciudadanos no tenía suficiente gente para cargos de confianza de la Junta de Andalucía, y tenía que dejar a algunos del PSOE, fue masiva. Si se supone que han venido a regenerar, lo lógico hubiera sido que redujeran mucho los altos cargos. Entonces ¿cuál es la noticia?, ¿que no tienen suficiente gente para poner a dedo? Al final, al parecer la reducción de altos cargos ha sido de un exiguo 17% (ahorro de 14,5 millones de euros en toda la legislatura), así que no empezamos nada bien. A esto se une, que he escuchado y leído a distintos cargos y políticos de Ciudadanos y PP, incluso a Juan Marín, afirmando que los sueldos en la Junta no son altos. Yo me quedo alucinada escuchando esto y solo se me ocurre pensar: ¿cómo?, ¿sueldos de 60.000 euros, aparte de cuantiosas dietas y ayudas de alquiler (que no las han quitado porque Juan Marín las considera muy necesarias) son bajos para vivir en Andalucía? Y además van y se suben los sueldos referenciándolos al ámbito nacional. Ahora estoy escuchando por parte de políticos de Ciudadanos que ya han cerrado como 80 «chiringuitos», pero no consigo encontrar información sobre ello: ni cuáles son, qué se ha hecho con los trabajadores que había, cuál va a ser el ahorro, etcétera. Lo que sí he encontrado es una reclamación del Sindicato Andaluz de Funcionarios sobre las casi 8.000 plazas de empleo público, tanto en la Junta como en sus entes instrumentales, que se van a convocar. Este sindicato afirma, y me lo creo, que estas plazas vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad que establece la Constitución, ya que, lo determinante será la experiencia trabajando en la administración pública (valdrá como mínimo un 40% de la nota final) de personal que se desconoce cómo ha accedido a dichos puestos previamente, aunque es lo que hay que hacer para poder regalar las plazas. Y en esto estamos, línea continuista con el PSOE y profunda decepción.
Desconozco cómo funcionan las autonomías en el resto de España, me refiero a todo este tipo de manejos, pero si es como en Andalucía, está claro que los ciudadanos tenemos ya que empezar a elegir si les pagamos sueldos y privilegios a tantos políticos y personal a dedo o tenemos una sanidad, educación y pensiones dignas, porque nuestros 17 reinos de taifas parece que han dejado de ser un derecho del ciudadano para convertirse en un privilegio más del político. No creo que este derroche sea compatible con el Estado del bienestar, todo a la vez va a ser imposible pagarlo, y encima escuchas a gente defender a su partido político y sus políticos como hooligans, hagan lo que hagan y aunque como ciudadanos les perjudique ¿dónde se ha quedado nuestra capacidad crítica?
* Profesora de Economía. Universidad Loyola Andalucía @msalazarord
