El concepto de pobreza energética suele asociarse al invierno, y las medidas que la Administración pone en marcha tienen una especial incidencia en épocas de frío. La reciente sentencia de primeros de julio contra Endesa solidifica los efectos de la ley 24/2015 que prohíbe a las compañías suministradoras efectuar cortes si se produce el impago por falta de recursos económicos. Y cuando pensamos en cortes, nos remitimos casi siempre a la calefacción. Pero existe también pobreza energética en verano. Y no es menos dolorosa o acuciante, puesto que el calentamiento global es ya una notoria evidencia y provoca efectos devastadores en aquellos hogares que ven como peligran los mínimos indispensables para la existencia. No es una cuestión de más o menos comodidad sino una emergencia de salud. La falta de recursos ante las olas de calor (se calcula que un 10% de la población no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda) tiene consecuencias alimentarias, higiénicas y sociales de primer orden, como suele suceder en Córdoba durante el periodo estival, con máximas que superan cada vez más los 40 grados. Conviene recordarlo, ahora, y en la perspectiva de un futuro ambientalmente amenazador.
