El estado de alarma ha alterado todos los proyectos presupuestarios para 2020. Los presupuestos municipales planificados con criterios de conexión con los últimos ejercicios y con objetivos concretos para esta anualidad han quedado en papel mojado. La realidad socioeconómica impondrá una nueva agenda local y cada corporación deberá revisar sus cuentas a tenor de los acontecimientos. Los ediles deberán volver a sentarse para establecer las prioridades en cada municipio.
La prioridad social será sin duda el primer objetivo. Garantizar derechos fundamentales de las personas ya quita el sueño a los responsables municipales. Antes de abordar esta realidad, los ayuntamientos ya han gastado parte de sus recursos en las medidas higiénicas y sanitarias de atención prioritaria en los pueblos; pero cuando se reajusten las cuentas locales, la partida social será un capítulo importante. Asimismo, planes de empleo local, planes para jóvenes y mayores. La primera puerta de gestión social son nuestras casas consistoriales. No tendría sentido que los gobiernos de España y de la Junta de Andalucía no contaran en sus presupuestos con los ayuntamientos. La experiencia en coordinar las políticas de bienestar social son credenciales municipales.
Ahora es muy importante, que las instituciones, con sus personas, se coordinen y reciban nuestra confianza. El respeto institucional empieza por los propios ediles, obligados a la lealtad y colaboración seria para dialogar, priorizar y no caer en mezquindades de «qué hay de lo mío». Tampoco se debe caer en la demagogia, y mucho menos, que sean otros ajenos a un compromiso democrático los que marquen la agenda de la política municipal. No se puede consentir que la crítica política se convierta en dardos envenenados personales e insultos mezquinos. Nadie debe agitar el fracaso para obtener réditos. La unidad implica respeto institucional, seriedad y pragmatismo. Sabemos muy poco del futuro pero vayamos por la senda de la previsión y cohesión social.
* Historiador
