Justo en vísperas de que la premier británica, Theresa May, active el artículo 50 del Tratado de Lisboa que pone en marcha el brexit, el Parlamento escocés aprobó ayer una moción que emplaza a la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia en Escocia entre el otoño del 2018 y la primavera del 2019, dados los «profundos» cambios que se aproximan con la salida del Reino Unido de la unión Europea. Para Londres, evidentemente, no es el momento de convocar un segundo referéndum después del realizado en el 2014, y May anuncia que en todo caso lo admitiría después de consumarse las negociaciones de salida de la UE. El resultado de la consulta sobre el brexit, con una mayoría en Escocia del 62% (la mayor en todo el Reino Unido) a favor de seguir en la UE, ha reabierto el dossier de la independencia y se ha convertido en una gran piedra en el zapato de May. Es una nueva demostración de la improvisación y la arrogancia del Gobierno de Londres ante una cuestión de tal envergadura como es el brexit, la que definirá el futuro de un reino que puede acabar siendo menos unido de lo que proclama su nombre. May quería prescindir del Parlamento de Westminster, donde reside la soberanía británica, para poner en marcha la separación de Europa hasta que una sentencia judicial la obligó a tenerlo en cuenta. Con Escocia ha ocurrido algo parecido, abriendo un problema añadido en la ya de por sí compleja situación.