El socialista Juan S. Vidarte, en uno de los volúmenes de sus Memorias, expresaba: “Decir que ha habido un bando que ganó la guerra es olvidar lo que en ella perdió España”. Contrastan estas palabras, de un libro publicado en México en 1973, con las utilizadas por la diputada por Granada de Vox, Macarena Olona, en relación con el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el pasado martes, pues afirmaba que el objetivo de esa norma, para la cual ya anunció recurso ante el Constitucional, era “ganar a través de las leyes una guerra que perdieron en el campo de batalla”. Ahí reside el problema de la derecha con nuestra historia reciente, es incapaz de comprender lo defendido por la historiografía solvente en relación con la guerra civil y la posterior dictadura franquista: que tanto una como otra representaron un gran daño para España, un atraso en diferentes aspectos del cual parece que aún no hemos sido capaces de recuperarnos. Y a todo ello añadamos que la diputada hablaba sin conocer el contenido del Anteproyecto, del que solo disponemos del resumen facilitado tras el Consejo de Ministros. Por otro lado esa confusión, junto a otros elementos, explica un posicionamiento ideológico tan irrespetuoso con la norma democrática como fue el de Abascal al comparar un gobierno salido de la voluntad de las urnas con los de un régimen dictatorial.

Por su parte los populares, aunque luego han guardado silencio, antes dejaron la opinión de Javier Maroto al afirmar que el Gobierno cuando tiene un problema suele recurrir al comodín del público, que en este caso es Franco. Como es obvio, no es el dictador el objeto de la ley, como cualquiera pude suponer, pero la derecha española siempre ha recurrido a esa obsesión porque no se debe “remover” el pasado, y como recordó Josefina Cuesta en un libro ya clásico sobre el tema, La odisea de la Memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX (2008), resulta curioso que la derecha suela recurrir al argumento de que los españoles no queremos “volver” al pasado, y sin embargo no utilicen nunca los verbos “recuperar” o “reconocer”. A la espera de disponer del contenido exacto de la Ley, que ahora deberá seguir un trámite parlamentario en el que puede experimentar modificaciones, lo que conocemos por lo transmitido hasta el momento es que por fin se producirá la reparación debida a las víctimas de la guerra y de la dictadura, y que dentro de lo que marquen las normas jurídicas, las nacionales pero también las internacionales, se va a hacer justicia. Desde luego ya es importante que la recuperación de las fosas pase a estar en control del Estado, por muy loable que haya sido la labor realizada por las asociaciones de memoria histórica.

Una de las críticas aparecidas estos días ha sido la de la oportunidad, la verdad que es un argumento insostenible, porque siempre es el momento para corregir un error que tiene su origen en la Transición. Por último, no cabe duda de que también aparecerán posiciones maximalistas a la hora de enmendar el contenido de la ley. Pero sería conveniente que en este caso se estudiaran bien las propuestas, porque se corre el riesgo de caer en el ridículo. Me temo que es lo ocurrido con un senador valenciano de Compromís, quien ha señalado como limitaciones de la norma el que no considere la repatriación de los cuerpos de figuras del republicanismo como los presidentes de la República Alcalá-Zamora y Azaña y el de un presidente del Gobierno, Negrín. Debería saber que en este caso todo depende de la voluntad de los descendientes de esas personalidades, no de una decisión gubernamental, y además debería haberse informado de que en el caso del primero de ellos sus restos llegaron a España desde Buenos Aires en 1979, y hoy reposan en el cementerio de la Almudena en Madrid.

* Historiador