El PP y sus adláteres han agitado las tensiones territoriales y sus episodios conexos como el conejo en la chistera, intentando tapar el impacto de la agenda social en el debate público. Después de llenar democráticamente plazas y pueblos, se vuelve finalmente a hablar de lo que realmente importa, de los intereses populares. Así, las recientes movilizaciones han evidenciado las mentiras del discurso del Gobierno sobre la salida de la crisis y sobre cómo se reparte la riqueza.

La sanidad pública, las políticas de igualdad, pensiones, educación y dependencia... Son los pilares que sustentan al tambaleante estado de bienestar que nos ha dejado la crisis y, a su vez, son la energía movilizadora de esta agenda social contra los recortes, la desigualdad y la corrupción. Interesa, en el contexto del reparto de riqueza y de la dignificación de las pensiones, hablar de la factura farmacéutica que, un año tras otro, abona cabreada la población con derecho a pensiones públicas de este país.

En 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, respaldado solo por el PP, reformó la Constitución Española en su artículo 135, primando el principio de estabilidad presupuestaria frente a otras demandas sociales. Esta estabilidad implicaba incrementar la recaudación del Estado mediante auténticos impuestos al consumo a costa de recortar derechos sociales y, por ello, meses después, la ministra de Sanidad Ana Mato firmó el Decreto Ley 16/2012 por el que entraban en vigor un conjunto de medidas legislativas y organizativas de gran repercusión en la sanidad pública.

El mencionado Decreto Ley modificó regresivamente las condiciones de la asistencia sanitaria, con cambios que afectaron negativamente al aseguramiento público de la población, excluyendo a grupos sociales concretos, rompiendo la unidad de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), diferenciando entre prestaciones de pago y gratuitas, estableciendo que la prestación farmacéutica quedaba sujeta a copagos para pensionistas y jubilados perdiendo la gratuidad y, en paralelo, desfinanciaron un grupo de 417 medicamentos muy necesarios para la población mayor, que se pusieron a la venta libre a precios exorbitantes. Por todo ello, importa conocer lo ocurrido después de casi 6 años de imposición del decreto 16/2012 que obligó al pago parcial y/o total de las medicinas; y finalmente toca esclarecer las diferencias entre las «subidas» a las pensiones, lo pagado por los y las pensionistas en factura de farmacia y extraer conclusiones.

En España, el 73% de la población mayor de 60 años necesita de 1 a 4 fármacos diarios relacionados con patologías crónicas, lo que explica que los y las pensionistas sean un sector de población con una tasa de consumo farmacéutico --del 5,6%-- superior al resto de la población --2,4%--. La gratuidad, antes de 2012, era el derecho que reconocía en los mayores el riesgo más elevado a enfermar o a la exclusión social así como la debida protección legal y asistencial.

Desde la entrada en vigor del decreto mencionado y según el Barómetro Sanitario de 2016, en torno a dos millones de personas mayores han abandonado tratamientos farmacéuticos por imposibilidad económica, a pesar de los límites de gasto que establece el decreto según rentas. Ignoramos si algún servicio de salud público ha investigado en su área de competencia el impacto de los datos de este Barómetro Sanitario, en términos del derecho a la protección de la salud.

En 2016encuestas aleatorias en centros de salud revelaron que un 17% de pensionistas abandonaban la adherencia a los tratamientos por causas económicas. Entre los pensionistas, un 60% consumen en algún momento uno o varios medicamentos desfinanciados, mientras que un 25% los consumen continuamente, de forma que al final pagan tanto los financiados como los desfinanciados. Conviene aclarar que estos medicamentos desfinanciados, aún fuera del Petitorio del SNS, son muy usados por la población mayor y pagados, en su totalidad, por unas rentas de medias muy bajas. En general, la aplicación del Decreto Ley 16/2012 ha dejado entre las personas jubiladas una profunda huella en materia de peores ratios asistenciales (aumento de la morbimortalidad) y, en lo económico, ha sido un impuesto a los más débiles para que, en plena crisis, FarmaIndustria (FI) tuviera garantizado un amplio margen de beneficios, pero de eso hablamos otro día.

* Miembro de la Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba