Apenas sofocado el incendio que provocaron las declaraciones después corregidas por Adolfo Suárez Illana sobre el aborto, Pablo Casado se enfrenta a las llamas prendidas por su gurú económico y candidato electoral Daniel Lacalle, al sostener en una entrevista y en plena precampaña del 28-A que las pensiones están condenadas a ser rebajadas. «El debate -ha dicho- no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan». El 20%, el 30% o el 40%. Pedro Sánchez, en la entrevista publicada en este diario, ya se apresuró a denunciar el riesgo para el futuro de los jubilados del país y defendió «blindar en la Constitución el Pacto de Toledo» para garantizar la «dignidad» de las pensiones y la sostenibilidad financiera del sistema. Consciente de la nueva piedra en el zapato para su jefe de filas, Lacalle, número cuatro del PP por Madrid, quiso desmentir sus propias declaraciones, pero la mecha ya estaba prendida y recibiendo duros ataques de candidatos electorales de distinto signo preocupados por el futuro de las jubilaciones de un colectivo que se ha visto empobrecido durante los años de crisis económica. Más allá de que el asunto se convierta o no en caballo de batalla en la carrera hacia las urnas, el futuro de las pensiones, fundamental para el Estado del bienestar y con graves crisis estructurales, en buena parte por la falta de consenso político, exige un diálogo sereno entre todas las formaciones que concurren a las urnas, además de los agentes sociales, y compromisos ajenos a intereses partidistas, para buscar alternativas a un sistema que acumula déficits y fracasos.