Los sindicatos están en guerra abierta contra la «subida de mierda» del 0,25% de las pensiones aplicada este año, como reza la campaña de protesta que han arrancado. Creen, con razón, que es injusta cuando la economía española crece a un ritmo superior al 3% y los servicios básicos como la luz, el agua o la vivienda se han encarecido desde el 1 de enero de forma significativa.
Y mientras la pensión registra un incremento de miseria gracias a la última reforma del PP, que la desligó del IPC, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se dedica a lanzar propuestas populistas cara a la galería sin tener en cuenta que la hucha de las pensiones está vacía. La última promesa del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo de la jubilación a más años de la vida laboral de forma voluntaria beneficiaría a los trabajadores que han sufrido expedientes de regulación, paro de larga duración o han tenido trabajos precarios en los últimos años de su vida laboral. Es una medida interesante a tener en cuenta, pero que desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema aumentaría el gasto, en vez de reducirlo. Y de momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha explicado cómo piensa mejorar los ingresos de la Seguridad Social, que son insuficientes para sufragar las pensiones principalmente porque los sueldos actuales son mucho más bajos que antes de la crisis. Sorprende así que sean los sindicatos quienes tengan que recordar al Gobierno que una medida económica, por más popular que sea, tiene que ir acompañada de un presupuesto realista. ¡El mundo al revés!
Cualquier planteamiento de futuro debe abordar la problemática de forma global (ingresos y gastos), bajo criterios de justicia y con un horizonte de largo plazo alejado de las luchas partidistas y de los globos sonda de unos y otros.
Es por esto que el debate debería realizarse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, foro en el que todas las fuerzas políticas y agentes sociales se han comprometido a aportar propuestas. Las pensiones no soportan parches ni deben ser usadas como arma política. Está en juego el Estado del bienestar presente y futuro.
* Periodista
