Las explicaciones de la presidenta Cristina Cifuentes ante el pleno de la Asamblea de Madrid fueron de todo menos convincentes. Volvió a exhibir los certificados emitidos por la Universidad Rey Juan Carlos, pero no enseñó lo único que podía erradicar esta polémica: el Trabajo Final de Máster (TFM) que nadie ha visto y del que tanto ella, como autora, como la propia universidad deberían guardar copia. Cifuentes subió a la tribuna del Parlamento a negar toda ilegalidad, con una puesta en escena enérgica en la que evidenció que no está dispuesta a rendirse aunque incluso en su partido haya quien la sitúe ya en la cuerda floja. «Es perfectamente real y perfectamente legal. Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas», desafió.

Esta polémica no hace más que corroborar la sensación de impunidad con la que actuó una parte de la clase política española durante años. Pensaron que jamás nadie les pillaría, hicieran lo que hicieran. La cadena de favores que se intuye tras este episodio protagonizado nada menos que por la presidenta de la comunidad autónoma madrileña coloca ahora a la universidad en el punto de mira en el que ya se encuentran desde hace años tanto algunos políticos como las instituciones que han controlado de una u otra manera.

La cortina de humo lanzada por Cifuentes, atribuyendo el episodio a «la izquierda» y al «fuego amigo» no ayuda a disipar las dudas en el caso, especialmente implicando a una persona que como Cifuentes se había destacado por ser implacable con la corrupción... de los demás.

Visto que la presidenta madrileña no se ha aplicado las mismas recetas que a sus antecesores, la responsabilidad de que siga en el cargo a pesar de no dar explicaciones es de la oposición. En este aspecto resulta poco menos que paradójica la posición de Ciudadanos, que ha exigido hasta este momento la dimisión de cualquier cargo de la Comunidad de Madrid mínimamente salpicado por cualquier escándalo de corrupción. En esta ocasión parece que no tiene prisa y que lo ha fiado todo a los resultados de una comisión de investigación de la propia Asamblea. Un trámite dilatorio que llevará semanas o meses y que podría acabar con la dimisión de Cifuentes, pero ya a las puertas de las elecciones autonómicas. Ciudadanos no parece verse con fuerzas para obligar al PP a cambiar de presidenta. O aún peor, no parece tener prisa sino preferir que los populares lleguen a las puertas de las elecciones con una presidenta agónica que tengan que cambiar a pocas semanas de los comicios. Ninguna de las dos posibilidades es coherente con los valores que han aupado a Ciudadanos en contra de la impunidad con la corrrupción. Y en este panorama, tanto el PSOE como Podemos tienen ante sí el reto de construir una alternativa creíble a las excusas de Cifuentes y al cálculo electoral de Cs.