Se debate sobre la posibilidad de emitir una suerte de pasaporte de inmunidad. No solo en Cataluña. Castilla y León ya está trabajando en su creación. También Chile lo expenderá. Alemania y Reino Unido lo estudian. Y Estados Unidos.

La decisión es compleja, puesto que entran en juego los derechos fundamentales de las personas. La clave es el uso que se haga de esos datos. Si son públicos, ahondarán de forma dramática en la desigualdad. Las mujeres somos expertas en saber cómo pesa la posibilidad de un embarazo en nuestras carreras profesionales.

Imaginemos: tres candidatos a una oferta de trabajo, solo uno tiene el ansiado pasaporte. Inmediatamente sus posibilidades de conseguir el empleo se multiplicarán. Sigamos especulando, una empresa decide recortar la plantilla, podría tener la tentación de borrar a aquellos que no llevan los ansiados anticuerpos estampados en un carnet.

En un mercado laboral quebrado, las consecuencias pueden ser terribles. Incluso no es descartable que la desesperación lleve a personas a exponerse al virus con tal de obtener el ansiado salvoconducto. Una nueva frontera de la desigualdad.

* Escritora