Como portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba me gustaría hacer algunas consideraciones en relación con el trabajo desarrollado por la comisión de Memoria Histórica. De entrada, creo que no está de más recordar el voto favorable del Partido Popular tanto a la constitución de la citada comisión como a su composición; así como el respaldo a la mayor parte de las conclusiones incluidas en el dictamen final de la misma. Con esto quiero subrayar nuestra voluntad inequívoca de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
En efecto, desde la constitución de la mencionada comisión municipal de Memoria Histórica, la posición de mi grupo municipal ha sido de total apoyo a cuanto concerniese a exhumación de fosas e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la represión de la dictadura, considerando que dicha línea de trabajo debiera tener carácter prioritario sobre cualquier otra. Por supuesto, bajo la tutela y dirección de la Junta de Andalucía, administración competente en esta materia. Sinceramente, consideramos de justicia y humanidad poner los medios a nuestro alcance para la localización e identificación de los restos de víctimas que se hallan en fosas comunes, con el fin de entregarlos a sus familias y que puedan tener una sepultura digna.
Por la misma razón de atender la reparación de quienes padecieron persecución y violencia por razones políticas o ideológicas, hemos apoyado igualmente la totalidad de propuestas relativas a reconocimientos de víctimas y la mayor parte de las referidas a lugares de memoria, al considerar procedente su significación histórica, simbólica o de permanencia en la memoria colectiva.
¿Dónde surge la discrepancia, pues? En lo relativo a simbología y, más concretamente, en algunas de las propuestas de cambios de nombres en el callejero. En este punto, consideramos que el fondo de la cuestión radica en la interpretación correcta de lo preceptuado en la ley sobre el particular, y en ningún caso en si la ley debe cumplirse o no, algo que está fuera de toda duda. Obviamente, la ley hay que cumplirla, pero de manera justa y mesurada, pues resultaría paradójico que, al amparo de una legislación que trata de reparar injusticias cometidas por razones políticas o ideológicas, se incurriera en imputaciones injustas o carentes del fundamento necesario.
De ahí que, tras analizar caso por caso, nuestro voto haya sido a favor o de abstención en la mayoría de las propuestas, y en contra en cinco de ellas: las que se refieren a la plaza de Cañero, rotulada así en 1989 por el alcalde Herminio Trigo a petición de los vecinos, dado el fuerte arraigo popular, y cuya implantación excede con mucho a la propia identidad del dedicatario; la calle Cruz Conde, que data de antes del periodo de aplicación de la ley y que hace justicia al alcalde que inició la modernización de la ciudad; la avenida del Conde de Vallellano, ministro monárquico que benefició a Córdoba con importantes realizaciones (y a quien, por cierto, en Madrid se le mantiene la calle tras el dictamen del comisionado para la Memoria Histórica nombrado por Manuela Carmena); la calle Cronista Rey Díaz, funcionario municipal e intelectual de amplísima trayectoria profesional, y José María Pemán, a quien se le dedicó una calle tras su muerte en 1981, o sea, en plena democracia (y a quien el mismísimo alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos, le mantiene la denominación al teatro municipal que lleva el nombre del recordado escritor gaditano).
En realidad, tras más de cuarenta años de vida democrática, y con varias corporaciones municipales habidas (la mayor parte de ellas, con gobiernos de Izquierda Unida con o sin el PSOE de socio), las principales cuestiones referidas al nomenclátor callejero con resonancias franquistas ya han sido abordadas. Y de entre las que ahora se han planteado, solo una minoría de ellas genera controversia política y ciudadana, por razones que estimo son superables. De ahí, nuestra encarecida apelación al consenso y a la participación de la ciudadanía, para que, sin dejar de cumplir la ley, no menoscabemos con decisiones desafortunadas lo que son señas de identidad de nuestra ciudad y de los cordobeses.
* Portavoz del grupo municipal del Partido Popular
