En estos días, nuestro sistema público de salud está pasando una importante «prueba de esfuerzo». Se da la paradoja de que, al tiempo que recibe los más apasionados elogios, con merecidos aplausos que resuenan por toda España, se constatan las carencias en unidades UCI, camas hospitalarias y personal sanitario. Nunca antes se le había sometido a una prueba como la de ahora, y lo más probable es que todavía tenga que afrontar otras de mayor gravedad en próximas semanas.
En ese contexto de máxima tensión, son evidentes las dificultades de nuestro sistema de salud para afrontar una emergencia sanitaria como ésta del coronavirus. Pero qué país no las tiene. Desde sectores de la izquierda política se suele atribuir esas dificultades a los recortes llevados a cabo por los gobiernos del PP durante la pasada crisis económica. Por su parte, desde círculos de la derecha, se le atribuye a la ineficacia del gobierno de Pedro Sánchez su incapacidad para poner en valor los recursos disponibles en el sistema público de salud y movilizar otros adicionales.
En mi opinión, ambas posiciones no abordan la cuestión fundamental del debate sobre los sistemas públicos de salud. Por eso, me permito hacer algunas reflexiones sobre lo que entiendo es el meollo de este asunto.
-Si bien es cierto que los sistemas sociales y políticos de nuestro entorno europeo gozan de una gran estabilidad, también lo es que, en sociedades tan globales como las nuestras, no existe el riesgo cero. Siempre hay posibilidad de sobresaltos que, por algún motivo (guerras, terrorismo, desastres naturales, emergencias climáticas, pandemias...), alteren el orden social y económico generando situaciones de excepcionalidad.
-Nuestras sociedades se caracterizan, por tanto, por alternar situaciones de normalidad con otras excepcionales. La cuestión clave es si los sistemas públicos de bienestar deben diseñarse tomando como referencia las situaciones de normalidad, que son las habituales, o si deben hacerlo teniendo en cuenta a la hora de asignársele los recursos el aumento de la demanda que se generaría en situaciones de excepcionalidad.
-En la práctica, todos los países de nuestro entorno diseñan sus sistemas públicos de bienestar calculando las necesidades previstas en situaciones de normalidad. Y esto es así porque si los diseñaran según situaciones de excepción, muchos de los recursos concentrados en dichos sistemas se quedarían ociosos o sin utilizar en las más habituales situaciones de normalidad. Y ya sabemos que los recursos económicos de que dispone el Estado para financiar las políticas públicas son limitados, siendo responsabilidad de los gobiernos priorizar el gasto.
-En relación con los sistemas públicos de salud, el debate no es, por tanto, si son o no suficientes sus recursos para atender a una situación de excepcionalidad como la pandemia del coronavirus. Está claro que son insuficientes, dado que, como he señalado, se diseñan para responder a situaciones de normalidad, y la de ahora no es una situación normal. La cuestión clave es si el Estado tiene capacidad para reaccionar en circunstancias excepcionales y movilizar los recursos adicionales necesarios para complementar los ya disponibles en el sistema de salud.
-Lo importante es disponer de sistemas flexibles de gobernanza que permitan a los poderes públicos aumentar los recursos mediante eficaces protocolos de emergencia cuando la situación sanitaria lo requiera. Disponer de servicios de detección de contagios, aumentar de forma temporal la dotación de personal sanitario, asegurar el suministro de material intensificando su producción, incrementar su infraestructura con la construcción de hospitales de campaña... son algunos ejemplos de cómo un sistema de salud con recursos diseñados para situaciones de normalidad, puede responder a situaciones de emergencia. Y en estas situaciones es fundamental la coordinación entre ministerios (sanidad, transportes, defensa, interior, agricultura...), y, en el caso español, con las comunidades autónomas.
-Además, el sistema de salud no se mide sólo por la red de centros públicos que lo forman, sino también por los centros privados o concertados que participan en la prestación de servicios sanitarios (médicos, farmacias, enfermería, celadores, laboratorios de análisis...) y por la red de empresas complementarias (limpieza, ambulancias, suministros de material...). Todos ellos forman parte del sistema de salud y todos ellos son los que, coordinados por la autoridad del Estado, deben responder a situaciones de emergencia como la actual.
En definitiva, los sistemas públicos de salud siempre serán limitados, pero deben ser flexibles y previsores ante futuras pandemias, para que, en casos de excepcionalidad, se puedan movilizar recursos adicionales para atender el fuerte aumento de la demanda que se produce en estas situaciones.
* IESA-CSIC
