El pacto contra la violencia machista

El pleno del Congreso aprobó ayer el largamente esperado pacto de Estado contra la violencia machista que viene a sustituir a una normativa que databa del 2004 y que se había revelado ineficaz frente a una de nuestras peores lacras sociales. El acuerdo --que no alcanzó la unanimidad por la abstención de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto-- está dotado con mil millones de euros para los próximos cinco años y constituye el primer gran acuerdo de la legislatura. Nace con la virtud de la concreción: 213 medidas que persiguen la protección de las mujeres y de sus hijos en los ámbitos institucional, educativo, judicial o sanitario. Incluye actuaciones para prevenir la violencia machista desde las escuelas y, como plausible novedad, incorpora como víctimas a la madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas elegidos por el agresor como cruel forma de venganza. La presencia de Ruth Ortiz, madre de los pequeños asesinados en Córdoba por José Bretón, ha revestido de un significado especial la aprobación de estas medidas.

Otro de los puntos destacados es el cambio de criterio en la definición de víctima. Hasta ahora, era necesario que las mujeres hubieran presentado una denuncia para poder tener acceso a servicios de ayuda y protección. Este requisito frenaba la petición de auxilio, pues muchas de las amenazadas no se atrevían a enfrentarse a su maltratador. A partir de ahora, bastará con una acreditación que podrán emitir tanto organismos judiciales como policiales y sociales. Resulta también positivo el mayor poder intervencionista de los ayuntamientos que, al ser la administración más cercana, cuentan con mayor capacidad para detectar y actuar en los casos de acoso. No se ha conseguido, sin embargo, eliminar el derecho a no declarar contra la pareja al que se acogen muchas víctimas atemorizadas.

De la urgente necesidad de actuar con mayor eficacia dan fe datos como los 38 asesinatos machistas que se han producido este año (el último ayer, en Sestao) o cifras como las expuestas ayer en Córdoba ante 400 letrados en una jornada formativa para el turno de oficio especializado en violencia de género: 572 mujeres han sido atendidas por estos letrados en la provincia en lo que va de año.

Tras su aprobación parlamentaria, ahora habrá que estar pendientes de la aplicación del acuerdo, que debe ser rápida y bien coordinada entre las instancias implicadas. Obviamente este pacto político, que era una condición necesaria, no será suficiente para la erradicación de la violencia contra las mujeres: el objetivo último ha de ser combatir las causas que provocan la desigualdad entre hombres y mujeres, que es la raíz del problema. Y eso requiere un compromiso social. Todos, en nuestras rutinas sociales llenas de evitables conductas discriminatorias, debemos tomar nota para atajar desde la base la execrable violencia machista.