Al principio de la década de los 80 del pasado siglo las ayudas europeas referentes a la PAC representaban el 66% del presupuesto económico comunitario, que, ya en la UE, durante el sexenio 2014-2020, había descendido a menos del 38%, o algo más de 58.000 millones de euros, el 71% en ayudas directas. Una tendencia no obstante inalterablemente descendente, pues en el siglo XXI los asuntos y las cuestiones relacionadas con la agricultura y la ganadería atienden, desde la óptica de la Comisión de la Unión, a requerimientos distintos a los que otrora operaban. Otrosí, para el período 2021-2027, están en juego unos 44.0000 millones de euros, con reducción de casi el 4% en el primer pilar, y de un 15% en los planes de desarrollo rural, aunque por efectos de la inflación muten en el 14% y en 29% respectivamente.
Y el cambio no únicamente atañe a la dotación financiera común, sino principalmente a la renacionalización de las ayudas al sector, o a la posibilidad de que mediante sus correspondientes planes estratégicos los EEMM diseñen la política afín que les ataña a agricultores, ganaderos y silvicultores, al medio rural y a su correspondiente conservación, así como a la incorporación, en cuanto se refiere a su capacidad de emprendimiento, de la mujer en las zonas rurales. Y todo ello pendiente de la posterior aquiescencia en Bruselas.
En España, a tales efectos, habría que tener presente tanto la progresiva despoblación en muchas áreas agrarias, principalmente mesetarias e interiores, como los necesarios incentivos que respalden el relevo generacional de manera efectiva, y no sólo la importante vertiente de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias sino la sostenibilidad medioambiental, clave para la protección y perduración del medio natural. Sin olvidar la mejor orientación de las ayudas hacia los agricultores y ganaderos profesionales, la estabilización de los mercados con perfiles de precios dignos y la protección del modelo agrario y rural, de talante y encaje europeo, para enfrentar con eficacia la deslealtad de la competencia foránea.
* Doctor ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho
