Resulta sorprendente que se autorice al barco Open Arms a zarpar para llevar 20 toneladas de material de ayuda a los migrantes que se concentran en las islas de Samos y Lesbos y que, al mismo tiempo, prohíba a la embarcación realizar operaciones de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo central (entre Libia, Malta e Italia) salvo situaciones «de carácter espontáneo u ocasional». Ni las leyes del mar, de carácter internacional, ni la obligación genérica y universal de asistir a quien se encuentra en peligro respalda esta limitación más de tres meses después de mantener al barco atracado en un muelle de Barcelona, acusado de incumplir convenios internacionales en misiones de salvamento en embarcaciones de inmigrantes a la deriva. No tiene justificación moral posible que la Administración soslaye el hecho de que con demasiada frecuencia el mar se convierte en fosa común de quienes huyen de la guerra, del hambre y de la falta de expectativas de futuro. Resulta asimismo penoso deducir que, con condiciones, el Open Arms puede levar anclas ahora, en plena campaña electoral, porque nada hay menos defendible que imponer restricciones desde el primer mundo a la protección de los más vulnerables.
