Hace escasos días se aprobó el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Educación, el octavo en cuarenta años de democracia. Una ley pensada, como todas, para resolver el problema educativo de España. Un problema educativo que, en mi opinión, radica en cuatro hechos: el primero es que, dado nuestro nivel de renta, los resultados de nuestros estudiantes (informes Pisa y otros) son muy pobres; el segundo es que nuestro índice de abandono escolar (personas que dejan los estudios obligatorios sin concluirlos) es demasiado alto, lo que implica una baja formación media de la población, especialmente en algunos barrios y regiones pobres; el tercero es la gran disparidad de resultados educativos por diferencias de renta, no siendo el sistema educativo un «ascensor social» real; y, finalmente, la diferencia de eficacia entre los sistemas educativos de las comunidades autónomas. Pues bien, después de una lectura del proyecto de ley he de reconocer que no encuentro un nexo causal claro entre estos problemas y lo contenido en la propuesta.
Y es que las medidas estrella de la reforma son cuatro: la primera, la sustitución práctica de Religión por recreo; la segunda, la perspectiva de género y los ODS; la tercera, y mucho más importante pedagógicamente, la eliminación de las repeticiones y de las reválidas y la posibilidad de titulación «por compensación», o sea, con asignaturas suspensas, en Bachillerato; y, finalmente, la postergación de la enseñanza concertada.
Unas medidas centrales, pues otras que se dan como novedosas llevan años haciéndose, ante las que me pregunto: ¿realmente cree la ministra Celaá que quitando la asignatura de Religión y poniendo una de valores éticos y cívicos (medidas con las que podría estar de acuerdo) se mejoran los resultados en las demás asignaturas y se recortan las desigualdades? ¿Afecta la perspectiva de género, con la que también podría coincidir, a la mejora en los resultados Pisa, a las tasas de abandono o las diferencias por comunidades autónomas? ¿Piensa la ministra que devaluando los aprobados y pasando de curso al margen de los rendimientos académicos se hace otra cosa que maquillar la estadística de abandono? Y, por último, ¿realmente cree la ministra que postergando la concertada va a mejorar la calidad de la pública? ¿Es que la existencia de un colegio concertado impide objetivamente que un colegio público mejore? Es probable que con esta medida consiga lo contrario de lo que pretende, pues mientras a un buen colegio concertado pueden acceder todos los estudiantes independientemente de su nivel de renta, no ocurre lo mismo en un colegio privado puro, con lo que si se quitaran todos los conciertos, al margen de colapsar la enseñanza pública, se dualizaría el sistema.
Mucho me temo que esta ley no atina con lo fundamental, pues si lo que quiere la ministra es mejorar el rendimiento escolar y reducir el abandono (primera causa de desigualdad social) lo primero que tiene que hacer es dotar de recursos la Infantil y reforzar las enseñanzas básicas de Primaria con unas menores ratios. De igual forma, si lo que quiere es reducir las diferencias de desempeño por niveles de renta lo mejor es dotar de más recursos a las zonas más pobres en los niveles de infantil y primaria, bajar la ratio de estudiantes en estos barrios, reforzar la presencia y coordinación con los servicios sociales, movilizar todos los recursos disponibles (muchos privados) y, finalmente, aumentar las becas por razones de renta para todos los niveles educativos. Y si lo que quiere es disminuir la desigualdad entre comunidades autónomas, el tema no está en eliminar el castellano de las que tienen otras lenguas vehiculares, sino en dar más financiación a las que tienen menor nivel de renta.
Mucho me temo que con esta ley, tramitada con subterfugios y mal articulada, no vamos a mejorar la calidad de nuestra Educación. Pero el Gobierno habrá conseguido su pírrica victoria sobre el ministro Wert. Porque, al final, eso era lo importante.
* Profesor de Política Económica. Universidad Loyola Andalucía
