Ciertamente, las formas son mejorables. PSOE y PP siempre se han repartido mediante la fórmula de cuotas la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también han acordado su presidente, por mucho que sobre el papel constitucional sean los 20 vocales que forman el Consejo los que deben elegirlo. Pero precisamente el día en el que tendrían que haberse hecho públicos los candidatos a vocales que deben refrendarse en las Cortes, se ha sabido quién será el presidente que han acordado ya populares y socialistas. Es comprensible el malestar del mundo de la judicatura, que ha convocado una huelga de jueces y fiscales el próximo lunes en la que, entre otras medidas, se exige justamente el fin de esta forma de elegir el órgano rector de los jueces. Que siempre se haya hecho así no justifica la escasa preocupación por las apariencias. Y, aunque todavía PP y PSOE tengan los bloques mayoritarios, el espectro político está más dividido con nuevos actores a tener en cuenta. Eso si se sigue considerando adecuado un sistema que acomoda el mandato del poder judicial a la representación política del momento. Un debate complejo, pues también es discutible que la configuración de este órgano deba realizarse solo con criterios corporativos.

Pero, más allá de las formas, incluso más allá de un debate que continúa pendiente, lo cierto es que la cúpula judicial afronta la renovación --su mandato actual concluye el 4 de diciembre-- en un momento trascendental. El nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS) que han acordado PP y PSOE es Manuel Marchena, un magistrado de prestigio profesional y orientación conservadora que, como presidente de la Sala de lo Penal del TS, iba a encabezar el tribunal de siete magistrados responsable de juzgar a los políticos y activistas catalanes encausados por el procés. En la terminología que se usa en el mundo jurídico, Marchena, un conservador, presidirá un CGPJ con ligera mayoría progresista (de los 20 miembros, 11 los propone el PSOE). En un momento en que el TS --y, en general, la judicatura-- están siendo cuestionados por la ciudadanía a cuenta de sentencias muy difíciles de explicar y entender, como la de La Manada y la de las hipotecas (con sus idas y venidas), la sustitución de Carlos Lesmes es una oportunidad para empezar el proceso de reformas que tanto necesita el mundo de la justicia.

Mención aparte es la influencia que tenga este cambio en la cúpula judicial en el juicio del procés, que está previsto que empiece a principios del próximo año. Ante uno de los juicios más importante del periodo democrático, el TS no puede llegar con dudas sobre su imparcialidad ni lastrado por problemas de credibilidad. Es crucial que los jueces trabajen con independencia, manejando tan solo consideraciones legales sin apriorismos políticos e ideológicos.