El bronco debate que acompañó ayer la decisión del pleno del Congreso de los Diputados (por 178 votos en contra y 167 a favor) de rechazar la propuesta del PP de ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable e iniciar la derogación de la misma ha hecho un flaco favor a la actividad parlamentaria y a la tranquilidad social. Cuando la actual norma, aprobada por el PP durante su anterior mandato de mayoría absoluta, está pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional, y cuando se han sucedido en los últimos tiempos casos tan dolorosos como las muertes de Diana Quer y de Gabriel Cruz, legislar en caliente no parece la opción más oportuna. En este momento, más que el fondo de la cuestión lo importante son los tiempos, y la tensión que vive el país por el dolor de estas familias no dota al debate de la necesaria serenidad y profundidad. La presencia, ayer, de los padres de Diana y Marta del Castillo, junto a otros familiares de víctimas asesinadas con una crueldad extrema, más parece una utilización política que un deseo de legislar con ecuanimidad.
En cuanto al tema de fondo, no hay que rasgarse las vestiduras sino comprobar las garantías con las que se puede abordar, el respeto a los derechos constitucionales y tomar las decisiones extremando la definición de las penas. Este tipo de crímenes no dejará de cometerse por miedo a una condena permanente revisable, no hay relación causa-efecto, pero sí existen conceptos como la lógica aplicación de un código reparador y preventivo o cautelar en el caso de determinados delitos. PP y Cs han seguido adelante con su propuesta de ampliación, mientras el resto de fuerzas políticas, con la sola abstención de Coalición Canaria, han respaldado la propuesta de derogación planteada por el PNV. Ahora la tramitación seguirá su curso, y ojalá impere un sosiego ayer inexistente.
