Nunca había visto un naufragio político como el del president Puigdemont ante un periodista. Llegó al Palau de rebote, pero los independentistas habrán echado en falta a Junqueras, quien al menos tiene el cuajo de no contestar, inventar o negar cuando conviene. Puigdemont reconoció que el referéndum que ha convocado es ilegal de acuerdo con el propio Estatut de Catalunya, que exige una mayoría cualificada de 90 votos para reformar la ley electoral. Al señalarle el entrevistador que era así incluso para elegir a los directivos de TV-3, y que él se disponía a declarar la independencia con una exigua mayoría simple de 72, su respuesta fue que si no lo hacía así, no lo podría hacer. Asombroso. «Es que es el único camino que hemos encontrado». ¿Cinismo al cubo o supina ingenuidad? Pero ¿quién le ha eximido de lograr de los catalanes los votos necesarios para hacerlo? ¿Y ese es quien dice defender los derechos y libertades y denuncia un «estado de excepción» implantado por el Estado contra Cataluña?

Seguro que no conoce las palabras de J. F. Kennedy : «Cuando gobiernan las leyes y no los hombres, nadie, por poderoso que sea, ni ninguna multitud por turbulenta que sea, tiene derecho a incumplir la ley o a desafiar a un tribunal de justicia, porque los ciudadanos no se podrían sentir libres de la arbitrariedad del poder ni a salvo de sus vecinos». Puigdemont ha dado la razón a los que defienden que no hay que participar en un referéndum ilegal que no reúne ninguna garantía democrática. Los no a la independencia se usarán para legitimar la participación en lo que algunos presentan como un inocente ejercicio de «movilización ciudadana», cuando se trata de dar un salto al vacío de gravísimas consecuencias.

No desautorizó a Forcadell cuando dijo que el PP y Ciutadans no son catalanes. Justificó las palabras de Junqueras reconociendo que «solo con la foto de la policía impidiendo una votación ya hemos ganado», lo que desvela sus verdaderos objetivos. No reconoció que Junts pel Sí planteó las elecciones del 27-S como un referéndum que ponía en el mismo saco los votos al PP que a los Comuns. Y no desautorizó a su portavoz, Jordi Turull, cuando negó la condición de ciudadanos, tachándoles de súbditos, a aquellos que decidan no votar. Una catástrofe dialéctica.

Siguió diciendo que el derecho internacional garantiza la autodeterminación de Catalunya, cuando su propio Consell Asesor per la Transició Nacional les ha explicado que no es así, porque no se dan ninguna de las tres condiciones requeridas para ello: Cataluña no es una colonia como Argelia de Francia, ni está ocupada militarmente como Lituania por la URSS, ni se violan permanentemente los derechos humanos como en Kosovo. Nadie se va a creer esas tesis ni va a reconocer la independencia unilateral de Cataluña, ni esta va seguir automáticamente en la UE.

Al contrario, en Europa, se considera que el desafío al ordenamiento constitucional lanzado por el independentismo catalán puede poner en peligro el proyecto comunitario. El relato, en gran medida falsificado en su dimensión histórica y económica, que los independentistas han vendido con gran habilidad, es lo opuesto a las bases de la construcción europea. Disfrazan como defensa contra un Estado opresor todos los clichés del nacionalismo más rancio, con tintes de supremacismo cultural y de clase.

La actitud del PP y el pasotismo de Rajoy tienen mucha responsabilidad. Pero también la tiene el relato de mentiras y exageraciones del que Junqueras ha sido el gran fabulador, basado en el «España nos roba», y «España nos odia». El desenlace de esta crisis, a la que nos han conducido irresponsables aspirantes a un martirologio low cost, a costa de crear una grave división en la sociedad catalana, es una cuestión europea. Si se permite a un territorio saltarse el Estado de derecho y ejercer unilateralmente su autodeterminación, se habrá acabado con «la intangibilidad de las fronteras cuya actual definición tanta sangre costó».

Si de nuevo triunfa el discurso de un nacionalismo excluyente que falsea la historia y la realidad derribando el orden constitucional imponiendo su hegemonía, y si la ya intolerable violencia verbal se convierte en violencia física, el proyecto europeo retrocederá a la situación que había superado. Es muy grave que un líder político reconozca que viola su propia ley básica para lograr lo que pretende. Y que alguien como Serrat sea tachado de fascista y traidor mientras el siniestro Otegi sea un héroe que encabeza las manifestaciones.

* Expresidente del Parlamento europeo.