La compleja fragua de la nuestra Carta Magna estuvo condicionada, entre otras peliagudas particularidades, por las principales cuestiones, amortiguada desde 1939, vasca y catalana, dando como resultado, finalmente y por extensión, al Estado de las Comunidades Autónomas, bajo el, no pocas veces incumplido, a no mucho tardar, principio de la democrática lealtad constitucional.

Pues, tras más de 40 años de recorrido, esos entes regionales han derivado, lato sensu, en alarmantes focos de corrupción y clientelismo; en una administración torpe, lenta y renqueante; en oficinas de colocación de todo conmilitón con carnet del partido político gobernante; en la creación de una casta local y sectaria asimilada al antaño caciquismo; en la elevación del gasto administrativo e improductivo, con sobrecostes en las obras públicas; como en la duplicidad de competencias e inútiles estructuras, haciendo los procedimientos más lentos, burocráticos y onerosos, con lo que se ha garantizado, lo que previamente se anatemizaba, la desigualdad territorial.

Y todo ello es conocido por los socios comunitarios que, en la negociación de las ayudas y prestamos que se concederán a España para tratar de salir de esta última crisis, advierten, entre otras razones, que para mejor proveer al respecto se tendrán que eliminar del mercado nacional la disfuncionalidad ocasionada por la fragmentación regional, lo que motivará la simplificación y la unificación de las reglamentaciones autonómicas, tras la operativa digitalización, que conllevará la supresión de las restricciones regionales con respecto a la prestación de servicios; reduciendo las trabas a efectos de la movilidad laboral, al igual que el saneamiento del mal vertebrado sistema nacional de asistencia al desempleo. La igualdad no sólo está en la crítica legítima y libre, sino, por ejemplo, en poder exhibir una única tarjeta sanitaria válida en cualquier punto del territorio nacional; en una enseñanza y escuela igual en todo él; en una única seguridad pública; y porque no existan muchos formularios para solicitar lo mismo.

*Doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho