Cristóbal Montoro ha enmendado la plana al juez Llarena y al Estado centralista opresor del que es ministro de Hacienda. Según el titular de nuestra conciencia tributaria no solo Llarena se equivoca, sino la Guardia Civil, que eleva a 1,9 millones de euros el coste del referéndum con dinero público. El asunto consiste en decidir si el proceso necesitó financiación o se financió solo, porque el independentismo es causa simpática que puede provocar donaciones sin número de los particulares. Vamos hacia el desglose: 502.639,61 euros para publicitar el referéndum en los medios de comunicación; 979.661,96 a Unipost, con facturas para cinco consejerías (Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo) que «no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas», aunque sí se ha acreditado que «las notas de entrega intervenidas en Unipost fueron emitidas v registradas con el sello de salida» de cada departamento. Seguimos: 651 euros para los 56.196 sobres con el membrete de la Generalitat preparados para el reparto y 61.879 de Òmnium Cultural a la que se encargó la cartelería del 1-O, para «ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos». La invitación de Diplocat, dependiente de Raül Romeva, entonces conseller de Exteriores, a observadores internacionales: 177.065 euros, 40.591,22 euros en gastos de vuelos y hoteles de esos observadores. Total para el departamento de Romeva: 217.656,22 euros. Quedan cosillas: los 17.690 euros por la cesión del Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017 para la presentación del referéndum o los 40.227,87 euros que la Generalitat gastó en material informático Fujitsu. Y más. Sin contar los gastos de alojamiento, manutención y asistencia jurídica de los fugados. Todas estas partidas fueron abonadas, pero según Montoro no con dinero público. Que nos explique entonces cómo se pagaron, y dónde estaba él.

* Escritor