Ana Orantes fue quemada viva un día de diciembre de 1997 por su exmarido, su delito fue contar en Canal Sur un sufrimiento de cuarenta años junto a su maltratador. Con este asesinato se removieron conciencias y las asociaciones feministas exigieron una respuesta política urgente. Gobernaba José María Aznar y el entonces vicepresidente Álvarez Cascos lo calificó como «un caso aislado obra de un excéntrico». Tuvimos que esperar más de siete años, hasta 2004, para que se aprobara, por unanimidad, la ley integral contra la violencia de género impulsada por el Gobierno socialista del presidente Zapatero.

Y en 2007 las andaluzas hicimos nuestra propia ley, que complementaba con recursos sociales la ley integral. Y de nuevo por unanimidad del Parlamento de Andalucía, porque ahora las protagonistas eran las adolescentes, la atención psicológica, los hijos e hijas, las mujeres inmigrantes, se visibilizó a las víctimas de las zonas rurales y a las mujeres con discapacidad.

Pero las mujeres seguían siendo asesinadas, y también lo eran sus hijos e hijas como Ruth y José, los hijos de José Breton y Ruth Ortiz, y vimos con horror que la violencia cambiaba, cada vez a peor, y volvimos a mejorar las leyes y con la ley del menor en 2015 los hijos e hijas pasaron a ser considerados víctimas directas ampliando la ley integral de 2004.

En 2017 llegó el Pacto de Estado contra la violencia de género, aunque la financiación no fue real hasta julio de 2018, de la mano de un gobierno socialista con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Y un 8 de marzo de 2018 las mujeres de cuatro generaciones tomamos las calles y las plazas, felices, acompañadas de maridos, hermanos, compañeros de partido, de sindicato, de mujeres jóvenes y mujeres periodistas; muchas vivimos unos de los días más felices de nuestra militancia feminista y, cuando celebrábamos dichosas la llegada de la cuarta ola del feminismo, rugió la manada y volvimos a las calles porque la justicia sigue siendo patriarcal e injusta con las mujeres.

En julio de 2018 aprobamos en Andalucía una ampliación de la Ley de Violencia de Género, por amplísima mayoría, con los votos favorables del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. Y orgullosas salimos juntas las mujeres de un amplísimo arco parlamentario al patio del Parlamento y nos hicimos una foto de satisfacción porque cumplíamos el Pacto de Estado contra la violencia machista, porque ampliábamos la ley a las violencias que nos ocurrían a las mujeres fuera de la pareja o expareja, hablábamos en esta ley del feminicidio, el acoso sexual, la explotación sexual de mujeres y niñas, la trata, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del «honor» y las mutilaciones genitales. Incluíamos como eje central medidas para reforzar «la coeducación». Siempre la educación y la igualdad como antídoto de la violencia de género.

«Cuando las mujeres avanzamos el patriarcado ruge» estas fueron mis palabras en la tribuna el día de la aprobación de la Ley de Igualdad en septiembre del pasado año, en el Parlamento de Andalucía; nunca pensé al expresarlas que ese rugido se iba a concretar en 12 escaños y en un chantaje a los dos partidos de derecha de la cámara andaluza para cambiar un gobierno, para conseguir cambiar los derechos de las mujeres por los sillones del poder. El ataque está siendo brutal, lleno de bulos, estadísticas falsas, resucitando mitos machistas y abriendo debates cerrados hace años. Se intoxica a la ciudadanía hablando de denuncias falsas, de mujeres que asesinan a menores, se habla de los «privilegios» de las mujeres y de las asociaciones millonarias.

La misoginia es el odio a las mujeres, y este odio tiene mucho que ver con nuestros avances, y el machismo no puede ni quiere consentirlo. Lo sabíamos. Sabíamos que la reacción iba a ser brutal pero lo que no sabíamos es que seríamos las rehenes de la investidura a la presidencia en Andalucía, como mañana seremos las rehenes de la ley de presupuestos, y después las rehenes de toda la legislatura.

Porque mientras en Europa la receta contra la ultraderecha es el cordón sanitario, en Andalucía y España lo que prima es el cordón umbilical. De nuevo las mujeres víctimas inocentes del monstruo.

* Diputada del PSOE por Córdoba en el Parlamento de Andalucía. Ponente de las leyes de igualdad de género y contra la violencia de género