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La vida por escrito

Mis impuestos

Bandazos, improvisación en las reformas y falta de claridad en la norma generan inseguridad

 

Mis impuestos -

Miguel Aguilar Miguel Aguilar
09/11/2018

Quiero comprar un apartamento y me ha pillado todo este lamentable asunto de quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el registro de una hipoteca. Todos confiábamos en que el pleno del Tribunal Supremo no rectificaría la sentencia previa y daría una buena noticia al ciudadano. Yo lo veía crudo, no obstante. Sin conocer el tema directamente es difícil construir una opinión bien fundamentada. Para la opinión pública ha habido tongo bajo la presión de la banca. El poder político, incluido el Gobierno, lo considera desacertado, aparte de políticamente inoportuno y difícil de compartir ante la ciudadanía. Pero, según el Sr. Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General el Poder Judicial, lo que ha ocurrido es consecuencia de la sola y justa aplicación de las reglas del juego y que el Gobierno debería reformar la ley para aclarar su interpretación.

Personalmente, yo me juego unos seis mil euros, que no es moco de pavo. Pero aparte de intereses personales, creo que el Sr. Lesmes tiene algo de razón. Debería haber más claridad en las leyes, de modo que efectivamente cumplan su propósito. Y tengo una duda razonable al respecto. Al respecto del propósito, me refiero. Porque no es nada excepcional, sino todo lo contrario, la vaguedad e incluso ambigüedad con que se redactan las normas, sin contar con el hecho también obvio de que la sociedad evoluciona y las normas dejan vacíos legales por donde se cuelan las interpretaciones interesadas o incluso los actos alegales.

Los ciudadanos hemos pagado religiosamente. La mayoría de nosotros ni nos cuestionamos las normas. Las cumplimos y punto. Tan solo de vez en cuando surge algún alumno díscolo y muestra su desacuerdo. En este caso, todo lo desencadenó Pedro del Cura, alcalde del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, pueblo madrileño gobernado por IU, Podemos y Equo, que llevó a los tribunales el pago de este tributo. Por cierto, ya ha mostrado su absoluto desacuerdo con la rectificación de la sentencia del Supremo y anuncia que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional, antes de dirigirse a instancias superiores europeas. Un ejemplo más del descrédito al que hemos sometido entre todos a la justicia española. Los malos, entre tanto, se frotan las manos.

Al margen de la polémica generada en relación con la profesionalidad e impar-cialidad de la Justicia, este caso ha abierto otro debate, no menos jugoso en torno a la justificación de este impuesto. Ahora, políticos que hace nada defendían e incluso subieron el IAJD, se muestran partidarios de eliminarlo. Y a uno no le quedan claras las razones de este cambio. Los políticos, y en particular el Gobierno, no deberían legislar de esta manera tan improvisada y demagógica. Así no vamos a ninguna parte. La política de obtención de recursos debería estar más pensada y planificada con la idea de racionalizarla y optimizarla en función de sus objetivos. Está claro que el Estado necesita unos recursos porque hay unas estructuras y hay unos servicios que hemos decidido entre todos sostener. Lo que no parece tan clara, a la vista de los bandazos que dan nuestros gobiernos, es la manera de obtener y gestionar dichos recursos.

Si hay algo bueno que se puede sacar de una crisis como esta, es la posibilidad de introducir reformas para mejorar el sistema. Los políticos deberían empezar por ser más sensibles ante la opinión y los intereses de todos los ciudadanos. Son ellos los que están a nuestro servicio. El Congreso debería servir para integrar todos esos intereses, a veces contrapuestos. Y debería hacerlo pensando en la estabilidad a largo plazo. El Gobierno de turno no debería actuar según soplen los vientos del momento. La sociedad pide que se resuelvan los problemas, no que los políticos se aseguren ganar las próximas elecciones. En el caso de la justicia, la sociedad pide claridad en las normas y profesionalidad y transparencia en su aplicación. Y ahí, políticos y jueces deberían dedicarse cada cual a lo suyo.

* Profesor de la UCO

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