Este juez de instrucción de Palma ha ordenado a la Policía que requise los teléfonos móviles de dos redactores en las sedes de Diario de Mallorca y Europa Press en Palma y ha requerido la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación de una filtración periodística sobre el caso Cursach. Esto solo puede entenderse como vulneración del derecho al secreto profesional de los periodistas.
