De nuevo, son muchas las cosas que han pasado en un mes, parece que la política y la economía de nuestro país nunca había ido tan rápido. Lo primero es congratularnos porque cada vez hay menos nuevos contagiados y fallecidos, lo que significa que por ahora se está controlando la pandemia, y con 28.000 personas muertas, oficialmente, pues al menos podemos empezar a ver cierta esperanza. Lo siguiente es observar a un Gobierno que está borrando todas las líneas, que ya de por sí estaban difuminadas, de la separación de poderes, lo que a mi entender significa que nuestra democracia sigue en una fase inicial. Obviamente, de esto no vamos a salir más fuertes, pero si nos diera por salir más sabios llevaríamos a cabo todas las reformas necesarias para adelgazar la Administración Pública (debemos reducir el número de políticos, los entes duplicados y todo aquello cuyo objetivo sea mantener a sueldo a determinadas personas), para eliminar cualquier relación de influencia que el Gobierno tiene con el poder judicial (nada de poner a fiscales generales, a miembros del Consejo General del Poder Judicial y a directores de la Guardia Civil o Policía Nacional), y para tener un legislativo más a la americana (listas abiertas, y a votar a las personas que creemos más capaces). Aunque todos sabemos que no va a pasar, ya que no le interesa a ningún partido político.

Económicamente, tampoco vamos a salir más fuertes, de hecho, nos va a costar salir. No obstante, hemos tenido una buena noticia desde la Unión Europea (UE), que no nos va a dejar de la mano de los políticos que tenemos. La Comisión Europea, concretamente su presidenta, ha presentado el plan Próxima Generación dotado con 750 mil millones de euros, correspondientes a lo que han denominado como Fondo de Reconstrucción (un poco exagerado el nombre). De estos, 500 mil millones van a transferencias directas, es decir, a fondo perdido. España podría optar a 140 mil millones, es decir, casi el 19% de lo presupuestado. Esta cifra se distribuiría en subvenciones (77.324 millones) y préstamos (63.122 millones), es decir, las primeras no tenemos que devolverlas y los segundos sí, además con su correspondiente tipo de interés. No se sabe mucho más, excepto que nuestro Gobierno no podrá hacer lo que le de la gana con el dinero (muchas gracias a quien se le tenga que dar las gracias por ello), y ¿por qué no? Porque la Comisión Europea quiere incluir este Fondo dentro del Semestre Europeo.

El Semestre Europeo es un mecanismo mediante el cual los Estados miembros reciben orientación de la UE y han de presentar unos planes de actuación que se evalúan. Estos planes son programas de reformas, de estabilidad o convergencia. Es cierto que, por ahora, los países incluían estas recomendaciones en sus presupuestos anuales con bastante maquillaje, mientras la UE tenía cierta manga ancha. Sin embargo, las presiones de los países del norte de Europa, especialmente Holanda o Austria que ven con muy malos ojos que los países del Sur como España sigamos gastando sin ton ni son y generando crecientes déficits públicos, pueden hacer que la aplicación de este sistema de control sobre el dinero recibido se endurezca mucho. Esto significaría hacer las reformas que nos dijeran o quedarnos sin el dinero de las transferencias directas, es decir, poder optar exclusivamente a la parte que se devuelve.

Parece absurdo pensar que Alemania, Holanda, Francia... van a dejar que un país en el que no confían, España, con un Gobierno en el que no confían, PSOE-Podemos, se gasten su dinero como quieran y en lo que quieran, cuando fuimos avisados en reiteradas ocasiones sobre nuestro exceso de gasto público en los anteriores años de crecimiento. Estos países también tienen un electorado, y sería muy complicado explicarles que están dando dinero a España para crear más administraciones paralelas o chiringuitos, dar una renta mínima, o equipar el Falcon. Por tanto, a ver qué dice la UE y a ver qué reformas está el Gobierno dispuesto a hacer.

* Profesora de Economía Financiera de la Universidad de Córdoba

@msalazarord