Cualquier nuevo gobierno que llegue a una institución está en su derecho, si no en la obligación, de levantar las alfombras y auditar la gestión de sus antecesores. En primer lugar, para saber en qué términos ha de desarrollar su trabajo. En segundo, para descubrir cualquier irregularidad o error que deba ser denunciada o, en el segundo caso, corregido. Sin embargo, el tiempo en el que estamos, de intensa precampaña electoral tanto para las generales del 28 de abril como para las municipales del 26 de mayo, reviste de una pátina especial y muy concreta cualquier revelación que se haga. En ese sentido, el nuevo Gobierno del PP-Ciudadanos al frente de la Junta de Andalucía sabe muy bien que todos sus pasos, y, más concretamente, sus declaraciones, estarán condicionados por el clima electoral, y también condicionarán a la opinión pública. Ya hace días saltaron las escandalosas cifras de la lista de espera «oculta» en la sanidad, que, según el consejero, Jesús Aguirre, alcanzaban a medio millón de personas más de las registradas, con lo que anunció la puesta en marcha de diversas acciones para acelerar la atención quirúrgica y de especialidades. Ayer, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que hay otra lista de espera oculta en la dependencia, con 34.373 personas (4.600 de Córdoba) que no están contabilizadas en las listas oficiales. En ambos casos, el PSOE ha acusado al Gobierno andaluz de distorsionar la información y manipular los datos, y ha recordado que era el actual presidente, Juanma Moreno, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad cuando el Gobierno central «sacó de la Seguridad Social a más de 150.000 cuidadoras». También Bendodo difundió datos sobre la falta de ejecución presupuestaria del anterior Ejecutivo socialista, con 2.244 millones de euros sin ejecutar en el 2018 y un total de casi 27.000 en los últimos diez años.

El escenario que emerge de estos datos, tan radicalmente diferentes a los manejados hace apenas unos meses, llama a la reflexión. Por una parte, los ciudadanos pueden preguntarse, estupefactos, cómo en Andalucía hemos pasado en apenas tres meses de la normalidad al precipicio. Por otra, es evidente que la oposición no está ciega, que tiene instrumentos para informarse, y resulta extraño que no diera a conocer cifras tan escandalosas. La sensación es que proliferan los mensajes interesados, y que hasta que no pasen las citas electorales, será difícil tener una foto fiable y real de la situación. Igual que hasta que no termine este periodo no conoceremos la política que la coalición PP-Ciudadanos, respaldada por Vox, quiere hacer en Andalucía, pues el presupuesto no se presentará hasta junio. Quizá sea en verano posible ver con más claridad los hechos, y saber si la responsabilidad es de los anteriores gestores o del Gobierno actual. Cuando pasen las elecciones será el momento de exigir responsabilidades a quien corresponda.