El problema de las pensiones en España es estructural. Son los trabajadores afiliados a la Seguridad Social quienes financian a los actuales jubilados, y así sucede que las prestaciones que reciben estos dependen en buena medida de las fluctuaciones de las cotizaciones presentes y del total de afiliados. El reciente acuerdo político, retomando el Pacto de Toledo, que propone revalorizar las pensiones de acuerdo con el aumento del IPC, aunque solo será efectivo en el 2019 y a expensas de un cambio en la legislación, ya ha recibido la advertencia del FMI: será necesario un paquete de medidas «sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema». Para que no colapse, según el organismo internacional, tendrá que alargarse la edad de jubilación, aumentan la inmigración o subir las cotizaciones para que «exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto». En este alarmante estado de cosas, el secretario de Estado de la Seguridad Social dijo que el fondo de reserva, conocido como «hucha de las pensiones», ha disminuido a causa de la equivocada política del PP de invertir en activos de la deuda pública, ahora con rentabilidad negativa. En la perspectiva de una reforma del sistema, con mayor sensibilidad hacia los derechos sociales pero con la racionalidad que exige la situación macroeconómica, la falta de previsión del Gobierno de Rajoy es una pésima noticia.
