Uno de los problemas de la política es la forma parcial con la que se abordan los temas complejos. Se identifica un problema, se genera un debate a base de ideas simples (normalmente tuits o titulares), se dan tres o cuatro discursos reiterativos, se califica al contrario, se amplifica en las tertulias radiofónicas y televisivas y se dan tres soluciones mágicas, que no tienen ningún efecto porque la actualidad devora a sus propias noticias, se convoca una comisión de expertos en el Congreso o en el Parlamento correspondiente a los que nadie escucha… dejando el problema en una situación parecida a como estaba, si no peor. Si el problema se llega a abordar con un cierto rigor, entonces nos damos cuenta de que el tema tiene algunas implicaciones y lo abandonamos o no lo resolvemos, aparcando la solución para más adelante. Es lo que pasa con las pensiones que no es posible abordarlas si no tenemos en cuenta las consecuencias de su financiación.

Dicho de una manera sencilla: la forma en la que financiamos las pensiones en España es parte del problema de la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones. Es decir, el gasto total en pensiones no es sostenible en el tiempo, ni las pensiones pueden ser dignas y suficientes, mientras la forma de financiarlas sean las cotizaciones sociales.

De la misma forma que el gasto total en pensiones está gobernado por dos variables, el número de pensionistas y la pensión media, y crece al ritmo de crecimiento (multiplicado) en el que crezcan las dos variables, la financiación está gobernada por tres variables, el número de trabajadores ocupados (cotizantes a la Seguridad Social), el salario medio y el tipo de cotización (en el entorno del 24% de los salarios medios). Pero mientras el número de pensionistas es función de la demografía y la pensión media decisión del Gobierno de turno, la financiación depende de variables que no sólo no controla el Gobierno (el número total de trabajadores cotizantes o los salarios medios), sino que el crecimiento de las dos variables al mismo tiempo es contradictorio, pues si crecen los salarios por encima de la productividad, no crece el empleo, por lo que el crecimiento de las dos variables (empleo y salarios) sólo se da en épocas de booms económicos, que son muy improbables en economías maduras y poco dinámicas como la nuestra. Peor aún, la única variable que puede tocar el Gobierno, el tipo de cotización, ya muy alto (cercano al 24%), tiene, además, el problema de que hace decrecer el número de trabajadores cotizantes o producir un ocultamiento de salarios, es decir, ¡produce paro! Dicho en plata: mientras no se reforme en profundidad el sistema de financiación de las pensiones en España, las pensiones en nuestro país o no son sostenibles o no serán suficientes, salvo recortes significativos en las otras grandes partidas de gasto social (educación y sanidad).

Y es que las cotizaciones sociales son uno de los engaños fiscales mejor montados de la historia. Creadas por Bismarck para atraerse a los obreros en un contexto de pleno empleo (masculino), son recaudadas por las empresas y pagadas… por los consumidores. Con lo que las pensiones se financian con un impuesto indirecto sobre el consumo, más regresivo incluso que el IVA, que de paso encarece el factor trabajo y genera paro, lo que a su vez hace que se recaude menos y se compita peor en los mercados exteriores. Es decir, si hay un sistema perverso, y más en un país con una tasa de paro como la nuestra, para financiar una partida de gasto social que, además, sabemos creciente, y de la que depende parte de la estabilidad del consumo y el bienestar de la gente, son las cotizaciones sociales.

Pero, como tantas cosas en nuestro país, las cotizaciones son sagradas… para partidos e ideologías que, curiosamente, se suelen declarar ateos.

* Profesor de Política Económica. Universidad Loyola Andalucía